Esta mañana, y a petición de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, el Comité de EUROCOP, ha aprobado una resolución en la que expresa su desacuerdo con la actitud del Gobierno Español por persistir en su intención de aplicar a los miembros de la Benemérita una legislación que limita severamente el trabajo democrático de los representantes de los guardias civiles.
En su resolución EUROCOP condena la determinación con la que el Gobierno Español sigue presionando a los cargos representativos de las Asociaciones, y eso después del encuentro celebrado en Madrid, el pasado 5 de septiembre, entre la presidenta Anna Nellberg, y el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Un encuentro del que la presidenta de los policías europeos pensó que había sido constructivo y que ayudarían a cambiar la situación restrictiva en cuanto a los derechos de los representantes y de los trabajadores de la Guardia Civil.
EUROCOP, que representa a 500.000 policías de 35 cuerpos policiales en 28 países, considera, esta resolución aprobada esta mañana, que la norma del Gobierno Español impide a las Organizaciones de guardias civiles, asociarse con otros sindicatos, consultar y reunirse con políticos y hablar con los medios de comunicación, es decir, como ha se ha denunciado desde AUGC, se restringen derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución a los trabajadores de la Guardia Civil: derecho de reunión, de reivindicación, de manifestación y de libertad de expresión.
EUROCOP recuerda al gobierno español que en otros países europeos todos los sindicatos están autorizados de forma habitual a realizar estas actividades en representación de sus miembros, por lo que considera que la propuesta legislativa es una forma de amenaza potencial para todos los sindicatos españoles.
Por ello desde EUROCOP se pide al Gobierno Español que reconozca que la medida propuesta es antidemocrática e impropia de un país europeo moderno y le pide que desista de la aplicación de una ley donde se limita la capacidad de los guardias civiles de representar adecuadamente los intereses de 80.000 miembros.