La Asamblea de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el máximo órgano de decisión de esta organización, a la que han asistido más de 200 representantes, ha rechazado  esta mañana la restricción de derechos fundamentales que se debatirá próximamente en el Congreso de los Diputados para los guardias civiles.
El proyecto de Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas que ha propuesto el PP y al que se ha sumado el PSOE, provocará que los agentes pierdan derechos fundamentales como el de manifestación.
Los afiliados de la asociación profesional mayoritaria en la Guardia Civil se han mostrado unánimemente en contra de una norma que trata de aplicar la legislación militar a este cuerpo policial, lo que supone un paso atrás en la lucha que desde hace dos décadas viene desempeñando esta organización.
Se trata de una norma que limitará derechos fundamentales como el de reunión, manifestación y libertad de expresión. Restricciones que repercuten directamente en el derecho fundamental de asociación profesional, ya que se limita la capacidad de actuación de estas organizaciones.
Aunque el PSOE se opuso en un principio, posteriormente ha pactado alguna de las enmiendas promovidas por el PP, y así los dos grupos mayoritarios, en una suerte de alianza trasnochada, no han escuchado a las asociaciones, ni a otros grupos políticos que así se lo piden, como IU y UPyD, y siguen en cambio, los designios de la cúpula militarista del Cuerpo.
Se fomenta así una estructura que solo beneficia a los altos mandos que pretenden hacer de la Guardia Civil un cuerpo anacrónico, propio de otro siglo. De hecho, esta norma va en la dirección contraria y supone un retroceso en el proceso de modernización que debería desarrollarse en la Institución.
A pesar de que se trata de una ley que restringe, aún más, las libertades de los agentes, el trabajo de AUGC ha conseguido atenuar la limitación de derechos que pretendía el Gobierno. De hecho, en este caso, hay que decir que con el apoyo del PSOE, se ha suprimido el artículo que permitía la imputación colectiva a los miembros de los órganos de representación de las asociaciones profesionales.
Por otro lado, esta asociación ha conseguido que la organización o participación en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical, solo sea sancionable si se hace de manera activa, un concepto que es más abierto y permisivo, que lo que pretendía el Proyecto de Ley en su origen.
La aprobación de esta ley tendrá consecuencias graves y directas sobre los agentes, que ven cómo sus derechos son restringidos de manera reiterada, convirtiendo a la Guardia Civil en un cuerpo policial impropio de un estado democrático, en el que sus miembros carecen de las libertades más básicas.