¿Quién vigila a los vigilantes?

No fue un registro al uso, sino una comparecencia para recabar testimonios. El objetivo era interrogar a altos mandos del instituto armado sobre los expedientes informativos abiertos contra sus propios agentes tras aparecer informaciones en prensa. Se busca esclarecer si fueron una maniobra orquestada para inocular un mensaje cristalino en quienes persiguen el delito: que fiscalizar a las esferas de mando conlleva, inevitablemente, un castigo personal.

Deténgase ahí un instante, porque en esa frase cabe todo este artículo. Se investiga si la institución pretendía lanzar un mensaje a quienes investigaban. Y un juez ordenó entrar en su sede para reconocerlos como víctimas de la trama que pretendían desarticular.

La causa, instruida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dentro del llamado caso Leire Díez (la presunta fontanera vinculada al PSOE), persigue un entramado orientado a desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al partido y al Gobierno, y a desacreditar a fiscales, jueces y a los propios investigadores de la UCO. La investigación apunta incluso a la penetración desde dentro: según las actuaciones, un capitán y exmando de la UCO habría revelado a la trama datos reservados sobre la estructura, el funcionamiento y los nombres de la propia unidad, entre ellos el del jefe del departamento que combate la corrupción económica. Quisieron neutralizar al perro de caza enseñándole por dónde olfateaba.

Hace casi dos mil años, el poeta Juvenal dejó esa pregunta que sigue ardiendo.

La pregunta la hicimos nosotros primero

Conviene recordar quién la formuló esta vez. No fue la cúpula. Fue la AUGC. El 3 de junio de 2025, esta asociación ya había formalizado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Madrid contra la persona señalada como presunta fontanera del PSOE, por tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia, y se personó como acusación popular. No actuamos a remolque de las noticias. Casi un año antes de que un juez ordenase entrar en Ferraz, la AUGC ya había puesto nombre, delito y juzgado a lo que se cocía.

Esto no es un detalle de vanidad. Es la clave de bóveda del problema español: la limpieza no llega desde arriba, llega desde abajo, y casi siempre llega antes de que la cúpula admita que hay algo sucio que limpiar.

El poder y su única cura conocida

Un siglo antes, Montesquieu ya lo había avisado: todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él, y lo hace hasta que encuentra límites. La pregunta, entonces, no es si el poder tiende al abuso. Es quién pone los límites.

Y aquí está la herida. Según Transparencia Internacional, España obtiene 55 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025 y ocupa el puesto 49 de 182 países. El año anterior ya había perdido cuatro puntos de golpe y caído diez posiciones, un retroceso que la propia organización atribuye al estancamiento de las reformas anticorrupción. No es una anécdota, es una tendencia. Y las instituciones que no se reforman desde dentro acaban siendo reformadas desde fuera, por un juez, a las ocho de la mañana.

España no necesita más leyes. Necesita aplicarlas.

Seis casos, una sola enfermedad

No son sucesos aislados. Son la misma enfermedad en distintas fases, y conviene verlos juntos para entender que el patrón no cambia: se normaliza el privilegio, se encubre el indicio y se instrumentaliza al subordinado honrado.

Roldán, la normalización
Luis Roldán fue el primer civil al frente de la Guardia Civil y terminó condenado a más de treinta años por cohecho, malversación, estafa y fraude fiscal. Reconoció haber cobrado sobresueldos en negro de los fondos reservados y acusó a destacados cargos de Interior de cobrar de los mismos fondos. Lo más revelador no fue la fortuna.

Cuarteles, el encubrimiento
Décadas después, el patrón seguía intacto. La Fiscalía de Madrid pidió un año de cárcel para el teniente general Pedro Vázquez Jaraba, que estaba al frente de la Subdirección General de Apoyo, acusado de favorecer en la adjudicación de obras en cuarteles a un empresario, Ángel Ramón Tejera de León (alias Mon, que también aparece en el caso Mediador), a cambio, según el Ministerio Público, de viajes y dinero en efectivo. Los investigadores apuntan a un desfalco superior a los 3,3 millones de euros, con contratos presuntamente troceados para sortear el límite legal de los 40.000 euros, facturas abultadas y obras de pintura e impermeabilización que en ocasiones ni se terminaron. Lo que arrancó en 26 acuartelamientos de la provincia de Ávila acabó salpicando a cuarteles de toda España.

Pero el dato que define al Cuerpo no es la acusación, es lo que el propio Ministro del Interior reconoció en el Congreso: un informe interno de 2017 recomendaba remitir el caso a la Fiscalía, y el entonces director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, pidió paralizarlo, dando por buenas las alegaciones del alto mando hoy acusado. Léalo de nuevo. La cúpula tuvo delante un indicio de corrupción en sus propias obras y eligió mirar hacia otro lado durante años. Y no fue un caso suelto: a la trama de Ávila se sumó otra de mordidas por obras en cuarteles de Valencia, donde figura investigado quien fue durante quince años interventor jefe de la Unidad de Gestión Económica de la zona, es decir, el máximo responsable del dinero del Cuerpo en aquel territorio, además de la trama de los uniformes, con dos mandos detenidos.

La AUGC está personada como acusación popular en la causa de Cuarteles y también en la de los contratos amañados de cuarteles de Córdoba, saldada ya con la detención de un sargento y varios empresarios.

Mediador, la instrumentalización
En febrero de 2023 estalló una trama de mordidas y extorsiones a empresarios del sector ganadero y alimentario de Canarias. El instrumento de presión era el general de la Guardia Civil ya retirado Francisco Espinosa Navas, investigado por cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, y en prisión desde marzo de aquel año. ¿Su método? Según la investigación, presionaba a ganaderos y queseros amenazando con enviarles al SEPRONA a inspeccionar sus granjas, o prometiendo rebajar multas y agilizar subvenciones europeas a cambio de dinero. A las mordidas las llamaban "bocata de calamares". Que nadie pase por alto lo esencial: un general convirtió a una unidad entera de guardias civiles honrados (los del SEPRONA) en el palo de su extorsión. Instrumentalizó el uniforme de sus subordinados para delinquir. La trama tocó también a un exdiputado socialista, lo que nos acercará luego a una conclusión incómoda.

El narcotráfico en la propia Comandancia
Si alguien creía que la corrupción se quedaba en las obras, conviene mirar el caso del coronel García Santaella. Durante años, dos narcotraficantes detenidos en Granada aludían a un protector al que llamaban "Padre". Cuando se desveló su identidad, resultó ser un mando que había sido jefe de la Policía Judicial e Información en la Comandancia. Las sospechas sobre él, bajo el alias Angola, se remontaban a finales de los años ochenta, cuando una nota del Servicio de Información dirigida a la Dirección General enumeraba un patrimonio difícil de explicar: motos de gran cilindrada, vehículos de alta gama, terrenos, inversiones. Acabó ingresando en prisión a finales de 2024, una década después de ser descubierto.

Ahora unamos los hilos del color político, porque alguien intentará reducirlo a una cuestión de bandos. Roldán fue del PSOE. El informe de Cuarteles se paralizó bajo un director general nombrado por el PP. El caso Mediador tocó a un exdiputado socialista. La trama que hoy investiga la UCO vuelve a apuntar al PSOE. ¿De verdad creemos que el problema es de un solo color? El problema no es el partido. Es endémico del sistema. Es el privilegio heredado que se transmite de mando a mando como quien hereda un mueble.

El hilo invisible: nemo iudex in causa sua

Hay una máxima jurídica que tiene siglos y que explica casi todo lo anterior. Cuando la institución que debe investigarse a sí misma está dirigida por quienes tienen algo que perder con esa investigación, el resultado no es un error, es un sistema. En Cuarteles, la cúpula recibió un informe y lo paralizó. En el caso Santaella, dos avisos quedaron sin elevar durante años. No es mala suerte repetida. Es la consecuencia previsible de un modelo en el que quien manda decide qué se investiga, a quién se asciende y a quién se castiga. La enfermedad no es el corrupto. Es la estructura que lo protege y que castiga a quien lo señala.

COPROPER: cuando denunciar costaba la cárcel

La denuncia de la corrupción desde dentro tiene un punto de origen incómodo para el Cuerpo. En 1994, la Asociación Unificada de Guardias Civiles nace de la fusión de dos asociaciones clandestinas, una de ellas COPROPER (Coordinadora de Pro-perjudicados por la gestión de Luis Roldán). Fueron ellos quienes, desde la ilegalidad, denunciaron el caso Roldán cuando nadie más se atrevía. Los fundadores de AUGC fueron detenidos, ingresados en cárceles militares y expulsados del Cuerpo, y aun así inscribieron la asociación desde la propia prisión militar. Hubo guardias civiles que pasaron por calabozos y presidios castrenses, entre 1978 y 2006, simplemente por reclamar libertad de asociación y de opinión.

Hizo falta una proposición no de ley en 2018 y esperar hasta 2025 para que se reconociera y reparara por fin la expulsión de aquellos pioneros. La historia del asociacionismo en la Guardia Civil es la historia de un derecho arrancado a la institución, no concedido por ella. Conviene no olvidarlo cuando hoy se pide silencio.

Lo que es legal, lo que es heredado, lo que es indecente

Aquí viene la parte que pocos se atreven a decir, porque buena parte de lo que sostiene este modelo no es delito. Es peor: es costumbre amparada en la norma.

Las viviendas. La AUGC lleva años documentando una desigualdad que debería avergonzar a la institución. Cuando un guardia solicita reparar una vivienda en estado deplorable, la respuesta es que no hay presupuesto; cuando le corresponde al coronel o al general, el pabellón se entrega reformado de arriba abajo, con los pequeños electrodomésticos incluidos a cargo del erario público. Lo que hace aún más esperpéntica la situación es que, mientras esto ocurre, en el correo que notifica la nómina a los agentes se les citan artículos del código de conducta, como si la austeridad fuera una virtud que aplica solo a los de menor rango.

Los coches. El régimen disciplinario de la Guardia Civil prohíbe expresamente ordenar a un subordinado prestaciones personales ajenas al servicio. Y, sin embargo, en 2025 una denuncia interna puso sobre la mesa el uso de vehículos oficiales para fines privados por parte de mandos. No es el desliz de una cultura: en febrero de 2026, un general jefe de la sanidad militar se defendía de una denuncia idéntica alegando que usaba el coche oficial "para no mojarse los días de lluvia". El conductor que lleva a un mando a sus recados es un servidor público pagado por todos. Cuando se usa como chófer particular y, encima, se reconoce con naturalidad, el problema no es la norma. Es que el privilegio se percibe como normal. Es la frase de Roldán otra vez, disfrazada de costumbre.

Pro-Huérfanos. La Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil se sostiene con un descuento obligatorio de la nómina de todos los guardias civiles y maneja un presupuesto cercano a los 24 millones de euros, de modo que no puede alegar falta de fondos. Y, pese a ello, la AUGC denuncia que se mantiene bajo un régimen jurídico arcaico y oscurantista, ni siquiera incluida en la Ley de Transparencia, mientras a las familias del Cuerpo se les niega voz sobre su propio dinero. No es un temor abstracto ni un historial limpio: la entidad arrastra episodios de gestión muy cuestionados (de Gescartera a Lehman Brothers o las participaciones preferentes de Caixa y Bankia), y un exdirector general de la Guardia Civil, Francisco Velázquez, llegó a ser imputado por prevaricación en su gestión. Cuando el dinero de las viudas y los huérfanos se administra en la penumbra, estamos ante una cuestión de decencia.

La libre designación. Y terminemos por el mecanismo que lo engrasa todo. La AUGC lo ha denunciado ante el GRECO, el órgano anticorrupción del Consejo de Europa, en una carta de junio de 2022: el abuso de los nombramientos a dedo, las unidades fantasma y las comisiones de servicio prolongadas sin control.

El informe del GRECO, en su quinta ronda de evaluación de diciembre de 2023, vuelve a reprochar a España la opacidad en los destinos y mantiene su recomendación como solo parcialmente cumplida. ¿La respuesta del Ministerio del Interior? Según ha denunciado la propia AUGC, actualmente se prepara una norma para crear todavía más plazas de libre designación, incluidas, atención al detalle, las de los mandos encargados de adjudicar obras sin licitación pública. Es decir, se pretende reforzar a dedo justo el tipo de puesto desde el que se cocinó el caso Cuarteles.

La transparencia que muere en la puerta del médico: los riesgos laborales

Si quiere medir el pulso real de una organización, no mire sus discursos. Mire qué hace con la salud de quienes la sostienen. Y aquí la Guardia Civil ofrece un caso de manual.

La Dirección General barajó la posibilidad de suprimir la especialidad de Prevención de Riesgos Laborales, una decisión adoptada, en palabras de la AUGC, sin motivación alguna, y que supone desprofesionalizar la protección laboral de los propios agentes. Finalmente, y tras la presión de las asociaciones profesionales en unidad de acción, se ha conseguido revertir la decisión y se mantiene la especialidad.

Ahí está el vínculo, en una sola línea. Hay dinero para reformar el pabellón del general o del coronel, pero no para evaluar el riesgo del guardia que patrulla de madrugada. Hay presupuesto para el privilegio, no para la prevención. La desigualdad de las viviendas y el abandono de los riesgos laborales no son dos problemas distintos. Son la misma jerarquía aplicada a la salud y a la vida.

El muro legal: un régimen que castiga la voz

La reforma interna es ineludible, y va mucho más allá de los privilegios. La propia arquitectura legal de la institución ha sido condenada en Europa. El 2 de noviembre de 2006, en la sentencia Dacosta Silva contra España, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Reino de España y forzó la supresión de las privaciones de libertad como sanción disciplinaria en la Guardia Civil. ¿El motivo jurídico? El Tribunal declaró vulnerado el artículo 5 del Convenio Europeo, que exige intervención judicial para cualquier privación de libertad, porque aquella sanción había sido impuesta por una instancia que no era ni competente ni independiente y que acumulaba las funciones de instruir y de juzgar. Es exactamente la máxima de antes: nadie puede ser juez en su propia causa.

Casi veinte años después, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, el GRECO, sigue reclamando lo que entonces quedó pendiente: revisar y reemplazar el uso de tribunales militares para procedimientos disciplinarios y penales contra agentes que ejercen funciones policiales, por ser un remanente del pasado incompatible con un Estado de derecho moderno. A pesar de la Ley Orgánica 11/2007 de derechos y deberes y de la Ley Orgánica 12/2007 de régimen disciplinario, la institución aún arrastra un régimen de naturaleza militar que conserva la aplicación del Código Penal Militar a guardias civiles que ejercen funciones estrictamente policiales, otra de las anomalías que el propio GRECO ha señalado formalmente. Este marco actúa como un muro de contención contra la cultura de la denuncia interna: castiga la voz en lugar de aislar el delito. Y no es teoría. Es lo que vimos al principio de este artículo, cuando los agentes que investigaron la corrupción fueron expedientados por hacerlo, y tuvo que venir un juez a reconocerlos como víctimas.

El recorte alcanza también a los derechos colectivos. La ley de 2007 vedó expresamente a las asociaciones cualquier actividad de naturaleza sindical, la negociación colectiva o la adopción de medidas de conflicto colectivo, amparándose en la dualidad de un instituto de naturaleza militar que, sin embargo, ejerce funciones policiales ordinarias. Esa naturaleza híbrida, esgrimida durante décadas para recortar derechos que ningún otro cuerpo policial tiene recortados, es hoy objeto de examen por el Comité Europeo de Derechos Sociales, que analiza si el veto a la sindicación y a la negociación colectiva vulnera los artículos 5 y 6 de la Carta Social Europea. La reclamación fue presentada por EUROMIL, organización europea de la que AUGC y AUME son las únicas asociaciones españolas miembros, siendo por tanto anterior a cualquier otro procedimiento sobre esta misma materia. Otra vez Europa mirando hacia dentro de una institución que no quiere mirarse.

La cerrazón, resumida

Júntese todo y dibuja una sola postura, sostenida en el tiempo: la cúpula no concede derechos, los pierde a regañadientes en los tribunales. Desoye al GRECO y multiplica los nombramientos a dedo. Intenta eliminar la especialidad que protege la salud de sus agentes mientras uno de cada seis puestos sigue sin evaluar. Niega a las familias el control del dinero de Pro-Huérfanos. Mantiene un régimen disciplinario que la propia Europa pide reformar. Cada avance (la asociación, el fin de los arrestos como sanción, la reparación de los expulsados) ha tenido que arrancarse desde abajo, con coraje y, muchas veces, a un alto precio personal. La cerrazón no es un episodio. Es el ambiente que se respira.

La parte que sí funciona

Frente a todo esto, conviene decir lo que casi nadie dice. La limpieza existe. Y casi siempre empieza desde abajo. La AUGC está personada como acusación popular en el caso Cuarteles, en la causa de Córdoba y en la denuncia contra la trama que intentó presionar a la UCO. Ha recurrido ante el Tribunal Supremo los decretos de destinos para frenar la dedocracia y ha conseguido que el GRECO se pronuncie sobre el oscurantismo del Cuerpo.

Son los que patrullan carreteras de madrugada, los que acuden a una violencia machista, los que buscan a un desaparecido bajo la lluvia, los que se embarcan contra el narcotráfico sabiendo que enfrente hay organizaciones cada vez más violentas y mejor equipadas. Son los que investigan la corrupción cuando los corruptos son poderosos. Son los que siguen trabajando cuando faltan medios, cuando las instalaciones se caen a pedazos o cuando sienten que quienes deberían defenderlos les han dado la espalda.

El SEPRONA que algunos quisieron utilizar para intereses ajenos a su misión es el mismo que cada día protege nuestros montes, nuestros ríos y nuestros animales. Los agentes de la UCO que hoy son objeto de ataques son los mismos que han ayudado a destapar algunos de los mayores escándalos de corrupción de nuestro país. Y los guardias que viven en casas cuartel deterioradas son los mismos que acuden cuando cualquier ciudadano marca el 062 pidiendo ayuda.

La inmensa mayoría de la Guardia Civil no es el problema. Es la solución. Es la reserva moral de una institución centenaria que sigue funcionando gracias al compromiso silencioso de miles de servidores públicos. Porque cuando fallan los controles, cuando algunos abusan de su posición o cuando la política intenta contaminarlo todo, siempre queda algo que sigue en pie: la dignidad de quienes cumplen con su deber aunque nadie les aplauda.

Y quizá esa sea la mayor paradoja de esta historia. Que quienes menos poder tienen son, precisamente, quienes mantienen viva la credibilidad de la institución.

Lo que falta no es ley, es coraje

Falta el valor de incluir a Pro-Huérfanos en la Ley de Transparencia, de recortar de verdad la libre designación, de blindar a los investigadores frente a cualquier presión, de dejar de aplicar el Código Penal Militar a los guardias civiles, de mantener y reforzar la especialidad de prevención de riesgos en lugar de suprimirla, y de reconocer por fin a la Guardia Civil como profesión de riesgo.

La Directora General de la Guardia Civil aún no ha trasladado al Cuerpo un solo mensaje de respaldo en uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Y el silencio, en circunstancias así, no protege a la institución. La daña.