AUGC alerta de que, según fuentes internas, se estarían estudiando el bloqueo de vacantes en las unidades próximas a Roquetas, precisamente en una zona azotada por el narcotráfico y sometida a la mayor presión migratoria del Mediterráneo occidental.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) agradece a los cientos de vecinos, familias y compañeros que se han concentrado el 13 de julio, frente al Puesto Principal de la Guardia Civil de Roquetas de Mar. La ciudadanía ha demostrado lo que el Ministerio del Interior se niega a reconocer: que los guardias civiles de Roquetas no son fichas de un tablero organizativo, sino trabajadores con derechos, con arraigo y con familias cuya vida no puede decidirse en un despacho sin darles ni una sola certeza.

Representantes de las asociaciones profesionales en unidad de acción portando la pancarta con el lema de la concentración: Aquí solo sobran los delincuentes

Porque esa es la realidad que hoy denunciamos. No venimos a discutir repartos competenciales entre cuerpos policiales: venimos a defender derechos laborales. Y en ese terreno, el balance de la Administración es desolador. A día de hoy, los 180 guardias civiles afectados saben una sola cosa: que serán cesados en sus destinos. Todo lo demás (cuándo, dónde, en qué condiciones y con qué garantías para sus familias) sigue siendo una incógnita después de meses de anuncios, reuniones y notas de prensa.

Rumores de bloqueo de vacantes: la incertidumbre como método

A esta falta de información se suma un hecho que, de confirmarse, sería gravísimo. Según fuentes internas, se estarían bloqueando las vacantes que se producen en las unidades próximas a Roquetas de Mar: plazas que quedan libres y que, al parecer, no se estarían cubriendo a la espera de recolocar al personal cesado. Es decir, la Administración estaría debilitando deliberadamente la cobertura policial de la comarca para cuadrar sobre el papel la absorción de 180 efectivos.

Y no hablamos de una comarca cualquiera. Hablamos del Poniente almeriense y del litoral de una provincia que es hoy la puerta principal de la ruta argelina, la vía de entrada irregular más activa y más mortífera del Mediterráneo occidental, con salidas constantes de pateras y narcolanchas desde al menos seis enclaves del litoral argelino hacia la costa almeriense. Una zona donde la Guardia Civil combate a diario el narcotráfico y sostiene el rescate y control de una presión migratoria creciente que ya afecta a todo el Levante. Dejar vacantes sin cubrir aquí no es una decisión administrativa: es una temeridad que pagan los agentes que se quedan, doblando esfuerzos, y los ciudadanos a los que protegen.

La pregunta que nadie responde: ¿cómo absorben estas unidades 180 vacantes?

La aritmética que la Administración no quiere hacer en público es muy simple. ¿Cómo van a absorber de golpe a 180 guardias civiles? ¿Cuántos cabrán en el proyectado acuartelamiento de Vícar, del que no existe ni calendario de obras? ¿Cuántos quedarán fuera y a qué distancia de sus hogares serán enviados? ¿Qué pasará con quienes tienen hijos escolarizados, hipotecas, cónyuges trabajando en el municipio? Ninguna de estas preguntas tiene hoy respuesta. A los afectados se les exige asumir su cese con disciplina mientras se les niega la información mínima para ordenar sus vidas.

Eso tiene un nombre: es someter a los guardias civiles y a sus familias a un exilio forzoso, a una pena de destierro impropia de una Administración que presume de velar por sus servidores públicos. El derecho preferente por disolución de unidad, único amparo previsto, solo sirve si existen vacantes publicadas; si no, el derecho queda vacío de contenido. Por eso AUGC exige la publicación inmediata de todas las vacantes existentes en las unidades de la provincia, un calendario cierto y verificable del proceso, y la adaptación de la normativa de destinos si es necesario para garantizar que ningún guardia civil sea desterrado contra su voluntad lejos de su entorno familiar.

Los agentes, los últimos en enterarse

AUGC denuncia, una vez más, que en todo este proceso la Guardia Civil no ha tenido en cuenta a sus propios agentes. Se han enterado por la prensa del cierre de su unidad y por rumores de lo que puede pasar con las vacantes. Las decisiones se adoptan y se comunican al margen de los representantes legítimos de los guardias civiles, y la información que se ofrece llega tarde, incompleta y sin compromisos. Quien exige lealtad y sacrificio tiene la obligación de corresponder con transparencia y respeto. Lo contrario es tratar a los guardias civiles como personal de usar y tirar.

La concentración de hoy no es un punto final: es el principio. AUGC seguirá al lado de cada uno de los 180 agentes de Roquetas y de sus familias, en las calles, en los despachos y, si es necesario, en los tribunales, hasta que sus derechos estén garantizados. No piden privilegios: piden respeto. Y no van a estar solos.

Ciudadanos apoyando la concentración frente al Puesto Principal de Roquetas del Mar