La realidad en la Guardia Civil ha alcanzado un punto de no retorno. Mientras que a los administrados se nos exige una precisión casi quirúrgica en cada actuación, en los despachos de alta responsabilidad parece reinar la ley del mínimo esfuerzo. AUGC denuncia hoy una situación esperpéntica que atenta contra la seguridad jurídica de miles de agentes: el uso de informes defectuosos y resoluciones firmadas por "confianza ciega" que terminan triturando derechos profesionales.

El dato que avergüenza a la cúpula: Ley 39/2015 ignorada

No estamos ante una interpretación jurídica compleja, sino ante un error de primero de derecho. Se ha pretendido sancionar a un brigada alegando "extemporaneidad" en un plazo cuyo último día caía en domingo. Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, los domingos son días inhábiles, un concepto básico que cualquier instructor debería conocer. Sin embargo, la resolución llegó firmada y ratificada desde la cúspide, demostrando que existe un sistema de firma automática donde nadie revisa lo que el subordinado paga con su sueldo y su carrera.

Doble vara de medir: Impunidad arriba, mazo abajo

La estadística es demoledora en este modelo disciplinario descompensado. Cuando el error nace en un despacho, se justifica como un fallo administrativo, se dilata en el tiempo o simplemente se archiva sin consecuencias para el firmante. Pero cuando el guardia civil comete el más mínimo desliz, la maquinaria del Estado cae con todo su peso (suspensión de funciones, pérdida de haberes y un estigma profesional que tarda años en borrarse).

Es inaceptable que la Administración tarde años en corregir por vía judicial lo que debería haberse detectado en cinco minutos de revisión técnica. Para cuando llega la justicia, el daño emocional y económico ya es irreparable.

AUGC exige una purga de responsabilidades

No vamos a permitir que la disciplina se convierta en una herramienta de humillación. Exigimos un cambio radical basado en tres pilares fundamentales:

  • Control estricto de las instrucciones: No se puede admitir ni una sola firma más en documentos que no hayan sido verificados jurídicamente (incluyendo el cómputo básico de plazos y días inhábiles).

  • Responsabilidad compartida: Si un informe defectuoso escala hasta una resolución injusta, la responsabilidad debe ser tanto del instructor como del mando que estampa su firma legitimando el error.

  • Fin de la arbitrariedad: Un sistema que protege la negligencia en los niveles superiores mientras castiga el detalle a los de abajo no es un sistema de orden, es un sistema de castas.

¡Movilización general: Tu carrera está en juego!
Compañero, no pienses que esto es un caso aislado. Lo que hoy firman sin mirar contra otro, mañana puede ser el fin de tu ascenso o la pérdida de tu destino. La impunidad de los despachos solo se frena con la presión de todos.

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