La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) toma conocimiento del registro, en la Secretaría General del Congreso de los Diputados el pasado 18 de mayo de 2026, de una batería de preguntas escritas dirigidas al Ministerio del Interior por la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido García, diputada por Santa Cruz de Tenerife.

Las preguntas traen causa del fallecimiento en acto de servicio, el 11 de mayo de 2026, de un guardia civil de 63 años que se encontraba en situación administrativa de reserva fuera de especialidad, durante el dispositivo de seguridad desplegado en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) con motivo de la llegada del crucero MV Hondius. 

Las preguntas parlamentarias

La iniciativa parlamentaria traslada al Gobierno cinco bloques de cuestiones cuyas respuestas, de confirmarse las informaciones que han trascendido, podrían evidenciar graves deficiencias en la planificación y la gestión de riesgos laborales dentro del Cuerpo.

La diputada pregunta con exactitud a qué hora se incorporó el agente fallecido al dispositivo, incluyendo el tiempo de desplazamiento desde Santa Cruz de Tenerife hasta el puerto de Granadilla de Abona, y cuántas horas totales llevaba en servicio en el momento en que sufrió el infarto que le causó la muerte. Igualmente, solicita cuál era la hora de finalización prevista del servicio. Si los hechos presuntamente conocidos se confirman, el número de horas de jornada efectiva resultaría manifiestamente incompatible con las condiciones físicas propias de un agente de esa edad y situación administrativa.

La segunda cuestión apunta a la cadena de mando: quién ordenó o autorizó la incorporación de un guardia civil en situación de reserva fuera de especialidad a un dispositivo operativo, y mediante qué instrumento se formalizó dicha orden. En caso de que presuntamente no existiera el respaldo documental exigible, ello supondría una irregularidad de primer orden en la gestión del personal.

El tercer bloque interroga sobre si los cometidos que presuntamente desempeñó el agente durante el dispositivo, entre ellos tareas de traslado de material y otras de carácter operativo, se correspondían con los asignados a su vacante de Plana Mayor de Comandancia conforme a la Instrucción de la Directora General de la Guardia Civil de 26 de enero de 2026. Si se confirmara que presuntamente se le asignaron funciones que excedían o diferían de las previstas para su situación administrativa, la responsabilidad institucional sería incuestionable.

El cuarto y quinto bloque abordan la cuestión que AUGC ha venido reclamando con insistencia: la evaluación de la edad como factor de riesgo laboral diferenciado, de conformidad con la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. La pregunta es directa y sin ambigüedad posible: ¿tiene la Guardia Civil evaluada la edad como riesgo diferenciado según el tipo de vacante y los cometidos asignados? Y si no es así, ¿cuándo tiene previsto hacerlo? Si la respuesta del Gobierno confirmara que presuntamente no existe tal evaluación, estaríamos ante un incumplimiento legal que habría costado, como mínimo, una vida.

La posición de AUGC

AUGC  agradece el compromiso de la diputada Cristina Valido García con el esclarecimiento de los hechos y con la defensa de los derechos laborales de los guardias civiles. La iniciativa parlamentaria es un cauce de control democrático que la institución no puede ignorar.

Si los hechos que se investigan quedan acreditados, no cabría hablar de un accidente imprevisible, sino de consecuencias previsibles de una gestión que habría antepuesto la operatividad a la seguridad de sus propios agentes.

Un guardia civil de 63 años murió mientras prestaba servicio. Su familia, sus compañeros y la sociedad merecen saber exactamente qué ocurrió, quién lo ordenó y qué va a hacer el Ministerio del Interior para que no vuelva a ocurrir.

AUGC seguirá ejerciendo su función representativa y de defensa de los derechos laborales de los guardias civiles hasta que haya respuestas y, si procede, responsabilidades.