La Dirección General de la Guardia Civil sigue citando a reconocimiento médico a guardias civiles de baja con un impreso que les ordena llevar “las pruebas e informes médicos actualizados de su patología”. Es la misma obligación que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) consideró desproporcionada y que el Consejo de Estado mandó suprimir del real decreto que regula las bajas en el Cuerpo.

Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han facilitado al guardia civil afectado un escrito dirigido al delegado de protección de datos de la Guardia Civil para que se retire esa exigencia. Si no hay respuesta, AUGC estudiará acudir a la AEPD.

Una obligación que no superó la tramitación

El proyecto del Real Decreto 67/2026, de 4 de febrero, por el que se regula la gestión de la incapacidad temporal del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, incluía entre los deberes del personal de baja el de aportar la documentación médica que tuviera en su poder. AUGC se opuso ante la AEPD. Como la Administración mantuvo la obligación, la asociación llevó después sus objeciones al Consejo de Estado.

La AEPD, en su informe 002/2025, de 3 de febrero de 2025, concluyó que ese tratamiento de datos “no parece proporcionado”. Razonó que los médicos de la Guardia Civil pueden revisar al guardia civil de baja en cualquier momento sin necesidad de esa documentación.

La Administración respondió en la memoria del proyecto que había adaptado la redacción para eliminar “el carácter de estricta obligación”. El Consejo de Estado no lo aceptó. En su Dictamen 904/2025, de 13 de noviembre, señaló que el texto seguía enunciando una obligación y concluyó que debía suprimirse. Le dio carácter de observación esencial: si el Gobierno no la atendía, el real decreto no podía aprobarse de acuerdo con el Consejo de Estado.

El texto aprobado, en vigor desde el 26 de febrero de 2026, eliminó la obligación. Hoy aportar documentación médica es una facultad del guardia civil, no un deber.

Un impreso anterior al real decreto

Más de ocho meses después, la citación dice lo contrario. Es el modelo anexo a unas instrucciones del Mando de Personal de diciembre de 2024, anteriores al real decreto y sustituidas en abril de 2026 por otras nuevas. Por eso no menciona el Real Decreto 67/2026 y no incluye la información sobre protección de datos que exige la normativa europea.

El mismo impreso advierte de que negarse sin justificación al reconocimiento o a las pruebas puede constituir una falta muy grave. En una relación de disciplina como la de la Guardia Civil, AUGC considera que presentar la entrega de informes como un deber junto a esa advertencia impide hablar de una aportación libre.

Las consecuencias no son teóricas. Según relata el afectado, el especialista le reprochó no haber llevado una prueba diagnóstica concreta, aunque sí aportó el informe que la valoraba, y le advirtió de que podría citarle otro día por ello. Al terminar, le negó copia del informe del reconocimiento.

No es la primera vez

En mayo de 2026, una circular del Mando de Personal sobre la documentación de las bajas ya volvió a introducir esa obligación por vía interpretativa, según AUGC, que se opuso a ella. Para la asociación, el resultado es el mismo: por la vía de los hechos, y ante el temor a consecuencias disciplinarias, se lleva al personal a hacer lo que la norma establece que no está obligado a hacer.

Los datos de salud son una categoría especial protegida por el Reglamento General de Protección de Datos. Su tratamiento exige una base legal que aquí no existe: si ni siquiera el real decreto contempla la obligación, una instrucción interna no puede imponerla. Además, el Tribunal Supremo, en su sentencia 1590/2026, de 26 de marzo, considera que hay tratamiento de datos desde que la Administración los pide, aunque el interesado no llegue a entregarlos.

“Lo que el Consejo de Estado obligó a quitar del real decreto no puede volver a entrar por la puerta de atrás de un impreso”, afirma Eugenio Nemiña, secretario jurídico de AUGC y vocal en el Consejo de la Guardia Civil. “Si la Administración necesita información médica, puede someter al guardia civil a las pruebas que estime oportunas, y este no puede negarse. Lo que no puede es exigirle sus informes. Los datos de salud de un guardia civil merecen la misma protección que los de cualquier ciudadano”.

Qué se pide y qué pueden hacer los afectados

El escrito pide al delegado de protección de datos que comunique al Mando de Personal, a la Jefatura de Asistencia al Personal y a la Jefatura del Servicio de Sanidad que el impreso no se ajusta a la normativa. Pide también que se retire la mención, que se indique que aportar documentación es voluntario y que se ordene a todas las unidades dejar de usar el modelo.

Reclama además que se informe al personal ya citado de que no estaba obligado a llevar esa documentación y que se supriman los informes entregados que no sean necesarios. El escrito da dos meses para responder. Si no hay respuesta, AUGC estudiará presentar una reclamación ante la AEPD.

Acudir al reconocimiento médico sigue siendo obligatorio; entregar informes médicos, no. AUGC anima a los guardias civiles que hayan recibido una citación con esa exigencia a ponerse en contacto con los servicios jurídicos de su delegación provincial.