(Madrid) — Aunque con mucho retraso, se han iniciado los trámites para dar desarrollo reglamentario al mandato de dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de un seguro de responsabilidad civil, una medida pendiente regulada en la Ley Orgánica 11/2007. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha participado en la consulta pública previa del proyecto de Real Decreto. La organización valora favorablemente este paso, indispensable para poner fin a la inseguridad jurídica y a la desprotección que ha venido sufriendo el personal frente a reclamaciones derivadas de su actuación profesional.

Sin embargo, a través de su Secretaría Jurídica, AUGC ha lanzado una advertencia fundamental: la norma no puede quedarse en un formalismo. Para que el problema se resuelva de manera efectiva, es imperativo garantizar una "cobertura material suficiente, homogénea y de aplicación inmediata" para todos los agentes.

Cinco líneas rojas para una protección real

En el escrito de aportaciones presentado con fecha de 19 de junio de 2026, AUGC detalla cinco condiciones innegociables que debe incluir la futura norma:

  •  Cobertura total: El seguro debe contemplar no solo la responsabilidad civil estricta, sino también las fianzas civiles y penales, las costas procesales y la defensa jurídica, asegurando la libre designación de asistencia letrada y pericial.
  • Adelanto inmediato de fianzas: Es vital que la garantía financiera anticipe los gastos y fianzas, en lugar de limitarse a un reembolso posterior. Esta medida evitaría que los agentes sufran medidas cautelares severas, como la prisión provisional, por la falta de un afianzamiento a tiempo.
  • Ámbito objetivo amplio: La protección debe cubrir las actuaciones derivadas de la condición permanente de agente de la autoridad, abarcando las intervenciones realizadas fuera del servicio ordinario.
  • Exclusiones limitadas: Solo debe denegarse la cobertura en supuestos de dolo que hayan sido declarados por sentencia firme. Ni una simple imputación ni la imprudencia en acto de servicio pueden justificar que un agente se quede sin defensa.
  • Gratuidad absoluta: El coste del seguro debe ser asumido íntegramente por la Administración, sin repercusión en la nómina del trabajador ni la imposición de copagos.

 No a la desconcentración: Evitar la desigualdad entre Cuerpos

El punto de mayor conflicto en el proyecto normativo es su intención de desconcentrar la competencia de contratación, permitiendo que la Dirección General de la Policía y la de la Guardia Civil contraten sus seguros por separado. AUGC manifiesta su profunda disconformidad ante este modelo.

La asociación recuerda que ambos cuerpos están sujetos a un mandato legal equivalente. Permitir contrataciones autónomas genera un "riesgo cierto de asimetría en la protección". Las diferencias presupuestarias, la disparidad en los pliegos o las posibles demoras podrían provocar que un cuerpo cuente con seguro mientras el otro carece de él, una situación incompatible con el principio de igualdad amparado por el artículo 14 de la Constitución. Asimismo, la contratación separada multiplicaría los costes y debilitaría la capacidad de negociación de la Administración frente a las aseguradoras.

La alternativa de AUGC: Licitación única con lotes

Para evitar esta fragmentación y garantizar la eficiencia, AUGC propone una solución clara: mantener una única licitación centralizada desde la Secretaría de Estado de Seguridad (o el órgano común que se determine), dividida en dos lotes diferenciados para la Policía Nacional y la Guardia Civil.

 Esta alternativa permitiría:

 Garantizar la simultaneidad y homogeneidad de la cobertura para ambas instituciones.

  • Respetar las especificidades de cada cuerpo (como funciones o despliegue territorial) mediante pliegos diferenciados por lote.
  • Lograr un escenario de economías de escala y mayor fuerza negociadora en el mercado.
  • Asegurar unos criterios mínimos uniformes para todo el personal.

 Finalmente, AUGC solicita que el Consejo de la Guardia Civil sea debidamente informado y oído durante la tramitación del proyecto, y exige la constitución de una Mesa de seguimiento técnico que supervise todo el proceso contractual y la gestión del seguro una vez entre en vigor.