Rechazo frontal

La Asociación Unificada de Guardias Civiles rechaza de forma rotunda la acusación de malos tratos y agresiones vertida contra las fuerzas de seguridad españolas por el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos en su informe preliminar de 8 de agosto.

No aportan una sola prueba. Ni un parte médico atribuido a un agente español. Ni la identificación de un solo guardia civil. Ni una denuncia presentada ante un juzgado español. Ni una imagen.

Lo que aportan son testimonios recogidos entre personas ya retornadas a Marruecos, por un organismo dependiente de la Administración marroquí, sin contraste independiente y en un documento que ellos mismos reconocen como no definitivo.

Se acusa a un cuerpo entero sobre lolla base de lo que alguien dijo haber sufrido allí donde, según la propia acusación, no había cámaras.

Sobre las cámaras que, al parecer, no existían

Detengámonos en la fórmula elegida: "cuando no hay cámaras". Es una construcción diseñada para no poder ser refutada, porque sitúa el hecho exactamente donde no puede haber prueba. Pero quien la redactó parece no haber reparado en dónde ocurrieron los hechos ni en qué año vivimos.

Lo del 30 y 31 de julio es, con toda probabilidad, uno de los episodios fronterizos más grabados de la historia reciente de Europa.

Casi todas las personas que cruzaron llevaban un teléfono móvil encima. Muchas lo llevaban precisamente para grabarse, y ese material inundó las redes durante días, porque las imágenes de quienes lograban llegar sirvieron de combustible a la movilización. Lo dice el propio informe cuando describe cómo se compartían en tiempo real los relatos y las llegadas exitosas.

Los vecinos de Ceuta llevaban teléfonos móviles. Los hosteleros, los comerciantes, los conductores y los bañistas del Tarajal y de Benítez llevaban teléfonos móviles. Un teléfono móvil es una cámara.

Había videovigilancia fronteriza, cámaras de establecimientos comerciales y sistemas de seguridad de instalaciones públicas y privadas de toda la zona.

Y había, sobre todo, una cobertura informativa masiva. Ceuta estuvo tomada por equipos de televisión, fotoperiodistas y enviados especiales de todo el mundo: cadenas españolas, agencias internacionales, televisiones europeas, medios estadounidenses, canales panárabes. Durante días, cada metro del espigón, de las playas y del entorno del CETI tuvo un objetivo apuntando.

Que alguien explique cómo se produjeron malos tratos sistemáticos, reiterados y coincidentes en el único punto de Ceuta donde milagrosamente no había ni un teléfono, ni un periodista, ni una cámara de seguridad. En una ciudad de 18 kilómetros cuadrados. En el acontecimiento más fotografiado del año.

No apareció ni un vídeo. Ni uno solo.

Sí aparecieron, y a miles, las imágenes de guardias civiles metidos en el agua sacando personas y niños en brazos.

Y hay un dato que remata el asunto, y lo dice el propio informe: el único caso concreto que detalla, el de un individuo cuyo vídeo circuló ampliamente en redes, viene acompañado del reconocimiento expreso del Consejo de que la imagen fue alterada mediante inteligencia artificial, y de que se difundió además una fotografía presentada falsamente como prueba de lesiones que nada tenía que ver con el hecho.

El mismo documento que acusa a la Guardia Civil de maltratar a escondidas certifica que el material que circulaba contra nuestros agentes estaba manipulado. Lo firman ellos.

La demanda que AUGC lleva años planteando

Precisamente por todo lo anterior, y con más motivo que nunca, esta asociación reitera una reivindicación histórica: la dotación generalizada de cámaras personales para los guardias civiles.

Las cámaras unipersonales no son un instrumento de vigilancia sobre el agente. Son una garantía en las dos direcciones. Protegen al ciudadano frente a cualquier actuación irregular y protegen al guardia civil frente a la denuncia falsa, la acusación infundada y el vídeo manipulado o descontextualizado. Con una grabación objetiva, un informe como el que hoy nos ocupa se resolvería en veinte minutos, no en semanas de sospecha sobre un cuerpo entero.

Lo hemos pedido reiteradamente, con un régimen de uso claro, con garantías de protección de datos, con custodia y trazabilidad de las grabaciones y sin que puedan convertirse en una herramienta de control laboral. Y seguimos sin tenerla en las condiciones y con la extensión necesarias.

Que quede dicho con claridad: quien de verdad quiera transparencia en la frontera sur tiene una manera muy sencilla de conseguirla. Dotar de cámaras a quienes trabajan en ella. Nosotros llevamos años pidiéndolo, antes que nadie. Nadie que actúe correctamente teme una grabación.

El informe se desmiente a sí mismo

Tampoco hace falta que respondamos al resto. Basta con leer el documento.

El informe afirma que las autoridades locales de Ceuta ordenaron el cierre de restaurantes, cafeterías y comercios, provocando que hubiera personas privadas de comida y agua. Es falso, y se comprueba con una llamada de teléfono: el cierre lo decidieron los propios hosteleros y comerciantes, por su cuenta, siguiendo una recomendación de la Confederación de Empresarios de la ciudad.

Si el organismo firmante se equivoca en un hecho verificable en cinco minutos, que cada cual valore el rigor de lo que sostiene sobre aquello que, según él mismo, no quedó grabado.

Lo que el informe reconoce sin querer

Ese documento contiene, de hecho, la mejor prueba de todo lo que AUGC lleva semanas denunciando.

Reconoce que el aumento de intentos de cruce venía registrándose desde mediados de junio, con una escalada significativa desde el 14 de julio y un pico el 30 y el 31. Seis semanas de acumulación documentada.

Reconoce haber revisado 23 grupos con más de 1.086.000 miembros y una media superior a 1.400 publicaciones diarias, con rutas, puntos de encuentro, preparación para nadar, venta de material y coordinación en tiempo real por WhatsApp y Telegram.

Reconoce indicios de intermediarios y de posibles redes vinculadas a la trata, y la presencia de cuentas extranjeras difundiendo contenido para facilitar los cruces, con más de 18 números de teléfono de un mismo Estado extranjero en un solo grupo.

Y reconoce que las autoridades marroquíes impusieron restricciones al movimiento de personas hacia el norte del país.

Traducimos: esto se estuvo cociendo a la vista de todos durante seis semanas, en redes abiertas, con organización detrás, y con capacidad demostrada de control por parte de quien ahora acusa. Mientras tanto, la vigilancia fronteriza permanente de Ceuta seguía siendo de 60 guardias civiles y 6 embarcaciones.

Ese es el escándalo. No un maltrato inventado sin cámaras.

Lo que sí está documentado

Guardias civiles metidos en el agua durante horas, sacando personas vivas, sacando niños en brazos y recuperando cadáveres. 82 autopsias practicadas en el Instituto de Medicina Legal de Ceuta.

Compañeros que se jugaron su integridad física por salvar la vida de desconocidos, que trabajaron sin descanso, sin relevo suficiente y con medios insuficientes, y que hoy conviven con imágenes que no van a olvidar mientras vivan.

A esos hombres y mujeres se les está diciendo desde el exterior que aprovechaban los ángulos muertos para golpear a quienes acababan de rescatar. Es indecente, y quien lo firma sabe que lo es.

Sobre quién firma y cuándo

No corresponde a esta asociación valorar la actuación de otro Estado. Sí corresponde recordar hechos publicados.

Este mismo organismo ya atribuyó a las autoridades españolas la responsabilidad de la tragedia de la valla de Melilla de 2022. Investigaciones independientes de medios y organizaciones acreditaron después que fueron las fuerzas marroquíes quienes primero permitieron el paso y luego retuvieron a las personas durante horas en un espacio sin salida, lanzando gas lacrimógeno y golpeando a quienes ya estaban en el suelo. Aquella causa acabó archivada por la Fiscalía marroquí por ausencia de indicios de delito, apreciando un uso proporcional de la fuerza.

Ese es el precedente del organismo que hoy acusa a nuestros compañeros. Y el informe llega en la misma semana en que el ministro de Justicia marroquí ha reiterado públicamente la reivindicación de soberanía sobre Ceuta y Melilla. Cada cual que lea el calendario.

Añadimos un dato del propio informe que merece explicación, aunque no a nosotros: 87 miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes recibieron asistencia médica, 136 civiles resultaron heridos y 14 personas fallecieron en el lado marroquí. Alguien debería preguntar qué ocurrió exactamente al otro lado del espigón, y por qué decenas de miles de personas pudieron concentrarse y salir sin que nadie lo impidiera.

Lo que exigimos

Primero. Que quien tenga una denuncia concreta la presente ante la justicia española, con nombre, fecha y hecho. Los tribunales españoles funcionan y hay ya una investigación abierta en la Audiencia Nacional. AUGC será la primera en exigir que se depure cualquier responsabilidad individual que llegue a acreditarse. Lo que no vamos a aceptar es la sospecha genérica lanzada contra un cuerpo entero desde un comunicado sin pruebas.

Segundo. Que el Gobierno de España responda institucionalmente, por escrito y con firmeza, ante quien corresponda. La Guardia Civil no puede quedarse sola frente a una acusación de este calibre formulada desde el exterior. Nuestros compañeros necesitan respaldo público explícito, y hasta este momento no lo hemos visto. El silencio, aquí, se interpreta.

Tercero. La dotación generalizada de cámaras personales para los guardias civiles, con un régimen de uso claro y con todas las garantías, porque es la herramienta que zanja de raíz este tipo de acusaciones y protege por igual al ciudadano y al agente.

Cuarto. Que se aclare oficialmente el extremo, recogido en el informe, según el cual las autoridades españolas no comunicaron ningún agente herido. Exigimos que ninguna lesión, ningún accidente y ningún daño psíquico sufrido en aquellas jornadas quede sin registrar ni sin reconocer.

Quinto. Que este episodio sirva por fin para lo que importa. Si de verdad preocupa lo que ocurre en esa frontera, el debate útil es por qué se sostenía con 60 guardias civiles y 6 embarcaciones, por qué siguen sin ampliarse los espigones del Tarajal y Benzú, por qué falta más de un centenar de efectivos para completar el catálogo de Ceuta y por qué el Servicio de Información no está dotado para detectar en origen algo que se organizó durante seis semanas en redes abiertas.

Nuestros compañeros no necesitan que nadie los defienda de un informe sin pruebas. Su trabajo de aquellos días está grabado, contado y documentado por medios de todo el mundo, y habla por sí solo.

Lo que necesitan es medios, protocolos escritos, refuerzo estructural, cámaras que acrediten lo que hacen y un Estado que les respalde con la misma contundencia con la que ellos respondieron cuando se les pidió que se metieran en el mar.

Sacaron gente del agua. Y sacaron cuerpos. Nadie, desde ningún despacho y desde ningún país, va a convertir eso en una sospecha.

Se acompaña a este comunicado el informe preliminar del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos, de 8 de agosto de 2026, para que cualquiera pueda leerlo íntegramente y juzgar por sí mismo.