La seguridad ciudadana de nuestro país descansa sobre los hombros de profesionales que, día a día, asumen riesgos inherentes a su servicio público. Sin embargo, cuando estos servidores públicos sufren las consecuencias de ese riesgo, el Estado mira hacia otro lado. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), denunciamos un flagrante incumplimiento legal que afecta directamente a los derechos laborales de los agentes y, por extensión, a la calidad de la seguridad de todos los españoles.
La promesa incumplida de la Ley 2/2025
La Ley 2/2025, publicada el 30 de abril de 2025, estableció mandatos claros para proteger a los trabajadores. En su disposición final tercera, obligaba al Gobierno a presentar en el plazo de doce meses un Proyecto de Ley para garantizar la adaptación o el cambio de puesto de trabajo en la Guardia Civil, Policía Nacional y Fuerzas Armadas ante casos de incapacidad permanente absoluta, total o gran incapacidad.
Para que esto fuera posible, la misma ley exigía un paso previo fundamental: en un plazo de seis meses, el Gobierno debía proponer la modificación de la normativa de Seguridad Social sobre la incapacidad permanente y su compatibilidad laboral. Hoy, a punto de cumplirse un año de la entrada en vigor de la norma, la inacción es absoluta.
La prueba del abandono institucional
Ante la falta de avances, hemos exigido respuestas a través del Portal de Transparencia. Las contestaciones oficiales son tan reveladoras como decepcionantes:
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconoce abiertamente que el plazo de seis meses ya ha sido superado y que la propuesta de modificación no ha sido presentada.
Justifican este retraso en la "complejidad del proceso normativo" y la necesidad de un "análisis técnico detallado".
Por su parte, el Ministerio del Interior admite que los trabajos para reformar las leyes de personal están en una simple "fase preliminar de trabajo y análisis".
Interior confiesa no tener propuestas normativas consolidadas y se escuda en que primero debe cumplirse el mandato de modificar la Seguridad Social.
Sin derechos laborales no hay seguridad ciudadana de calidad
La lógica de la administración es un callejón sin salida: un Ministerio no actúa porque es complejo, y el otro no avanza porque está esperando al primero. Mientras tanto, los guardias civiles que sufren una incapacidad permanente quedan en el limbo, privados del derecho a adaptar su puesto de trabajo.
La administración no puede, bajo ningún concepto, situarse por encima de las leyes que ella misma promulga. Un agente protegido, con sus derechos laborales garantizados, es un agente que presta un mejor servicio público. Desde AUGC exigimos el cumplimiento inmediato de la Ley 2/2025. Los ciudadanos merecen instituciones que cumplan la ley, y la Guardia Civil merece el respeto y la dignidad que se ha ganado protegiendo a la sociedad.
