Los guardias civiles han respondido, una vez más, con ejemplaridad a una crisis migratoria sin precedentes en Ceuta. Es hora de que la respuesta de la Administración esté a la altura del sacrificio de sus agentes.
Un refuerzo extraordinario que merece un trato extraordinario
Desde el 30 de julio, la llegada masiva e irregular de personas por el Tarajal ha desbordado los medios ordinarios de la Guardia Civil en Ceuta y Melilla. Cientos de agentes, muchos desplazados desde otras unidades, llevan semanas sosteniendo este dispositivo con un alojamiento, una manutención y un descanso muy mejorables.
Las asociaciones firmantes coincidimos: esta crisis exige más medios, más personal y una respuesta del Gobierno decidida y duradera, no solo reacciones puntuales ante la presión mediática.
Vacaciones y permisos suspendidos, sin fecha de fin
Desde el 7 de agosto no se conceden vacaciones, permisos ni licencias al personal destinado o en comisión en Ceuta y Melilla (tampoco a los oficiales) y no hay fecha prevista para levantar la medida.
Entendemos que una situación excepcional pueda justificar restricciones temporales del descanso. Pero deben ir acompañadas de una compensación justa y de un límite de tiempo claro; no pueden alargarse sin control.
La propia Dirección General ya reconoció, en programas de renuncia voluntaria a vacaciones desde 2024, un valor de referencia de unos 1.250 euros brutos por este tipo de sacrificio. Pedimos que se aplique el mismo criterio ahora (con más razón, al ser una medida impuesta y no voluntaria) y que incluya también a los oficiales, excluidos hasta ahora sin motivo.
Como alternativa a la compensación económica, y además de devolver íntegros los días no disfrutados, pedimos días de descanso adicionales, con plazo ampliado hasta el 31 de marzo de 2027, y una revisión de la medida al menos cada quince días, trasladando esa información al personal y a sus representantes.
En todo caso deben respetarse siempre los permisos por nacimiento y cuidado de hijos, fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar, conciliación y violencia de género.
Compensación económica: un paso dado que hay que concretar
El 20 de agosto varias asociaciones pedimos a la Dirección General que la compensación ya anunciada para la Policía Nacional se aplicara también a la Guardia Civil, en las mismas condiciones. Al día siguiente, el Ministerio del Interior anunció que también habría una compensación económica extra para los guardias civiles desplegados en Ceuta.
Valoramos ese anuncio: demuestra que la presión conjunta de las asociaciones funciona. Pero un anuncio no es una nómina: todavía no sabemos cuánto, cómo ni cuándo se va a pagar. Pedimos que se concrete con la misma urgencia con la que se anunció, que llegue a todos los empleos y escalas sin excepción, y que se tramite ya, a través de las pagas y complementos que la normativa ya contempla para este tipo de servicios extraordinarios.
Salud del personal desplegado
El contacto prolongado con un flujo migratorio de esta magnitud conlleva también un riesgo para la salud que no se puede ignorar. Pedimos medidas de prevención, medios de protección adecuados y seguimiento médico para todo el personal expuesto.
De la solución de urgencia a la solución permanente
La barrera flotante instalada en el Tarajal ha permitido responder de forma inmediata, pero se planteó siempre como una medida provisional.
Esa solución de urgencia no puede acabar convirtiéndose, por dejadez, en la solución definitiva. Pedimos que se ponga en marcha ya la ampliación permanente de los espigones de Benzú y el Tarajal, y de la valla fronteriza, con los medios materiales y humanos necesarios para controlar la frontera conforme a la ley.
Pedimos igualmente que las carencias de personal que ha dejado al descubierto esta crisis se traduzcan en un refuerzo real y permanente de las plantillas de Ceuta y Melilla, y no solo en parches que vuelven a recaer sobre el descanso de quienes ya están destinados allí.
Lo que pedimos
Una solución normativa global al fenómeno migratorio en la frontera sur, con los cambios legales necesarios y protocolos claros que den seguridad jurídica a la actuación de la Guardia Civil, en vez de ir resolviendo cada episodio sobre la marcha.
Compensación económica para el personal afectado por la suspensión de vacaciones y permisos, con la misma cuantía ya reconocida por la Dirección General, incluidos los oficiales, y concreción inmediata (cuánto, cómo y cuándo) de la ayuda ya anunciada por el Ministerio del Interior para los desplegados en Ceuta.
Fecha límite para la suspensión de vacaciones y permisos o, si no la hay, revisión cada quince días trasladada a los representantes profesionales.
Días de descanso adicionales, como alternativa a la compensación económica, con plazo ampliado hasta el 31 de marzo de 2027.
Respeto absoluto a los permisos por nacimiento, fallecimiento, enfermedad grave de un familiar, conciliación y violencia de género.
Medidas de prevención y seguimiento médico para el personal expuesto, y subida de las dietas de alojamiento y manutención.
Dotación urgente de medios materiales adecuados y renovación de los equipos obsoletos o averiados, cuyo estado actual compromete la seguridad y la eficacia del servicio.
Ampliación permanente de los espigones de Benzú y el Tarajal, y de la valla fronteriza, dejando atrás el carácter provisional de la barrera flotante.
Refuerzo estructural de las plantillas de las Comandancias de Ceuta y Melilla, y un distintivo que reconozca la participación del personal en este dispositivo.
Traslado de esta petición al Consejo de la Guardia Civil, para su conocimiento y seguimiento.
Las asociaciones firmantes venimos defendiendo estas mismas peticiones ante la Dirección General de la Guardia Civil. Hacemos ahora un llamamiento conjunto porque la unidad es la mejor garantía de que esto se convierta en hechos.
Los guardias civiles han estado, una vez más, a la altura. Que la Administración lo esté también.
