Madrid, 16 de marzo de 2012

AUGC ha tenido conocimiento de la burda maniobra llevada a cabo por los actuales responsables de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil, encaminada a impedir la presencia de los representantes legítimos de las asociaciones profesionales representativas de guardias civiles en el Consejo de Gobierno y Administración de aquella. A pesar de haber reformado su reglamento interno hace breves fechas para permitir la presencia de representantes asociativos en los órganos de gobierno y administración, la mayoría del Consejo de Gobierno y Administración, compuesta por miembros del generalato de la Guardia Civil, en una maniobra burda y, sobre todo, ilegal e ilícita han modificado el reglamento para impedir la plena democratización de la Asociación. Con este blindaje los generales sólo pretenden impedir la participación en la gestión y la fiscalización de la misma a los únicos y verdaderos dueños del ingente patrimonio del que es titular la misma: las y los guardias civiles, cuya afiliación es obligatoria, como lo es el pago de la cuota asociativa.

Frente a lo que sería un proceso de normalización democrática y de cumplimiento del artículo 38. 3 de la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de la Guardia Civil, se sacan de la manga un proceso ficticio de designación de delegados para conformar una asamblea a su media y bajo su total control. DELEGADOS A LOS QUE SE REUNIRÁ UNA VEZ AL AÑO, con el único objeto de “recibir información sobre las actividades y gestión de la asociación” y que no tendrán derecho alguno a fiscalizar la gestión ni nada que se le pueda parecer.

Si esto es muy grave, lo es aún más la implicación de toda la estructura operativa y orgánica de la Dirección General de la Guardia Civil, que, como tal, nada tiene que ver con una asociación que se configura y gobierna al margen de las directrices y el control político del Gobierno. Y esta situación que afecta a la operatividad de las unidades, que supone la utilización de medios públicos al servicio de una “casta” cerrada, no puede quedar sin crítica. Por cierto, esta crítica alcanza a los responsables políticos del Ministerio del Interior que, o bien no se enteran de lo que sucede en su ámbito de responsabilidad, o consienten esta aberración jurídica, democrática, inadmisible, y que en estos tiempos de crisis genera más rechazo si cabe.

Por todo ello AUGC está estudiando las posibles respuestas jurídicas a este disparate. Todo ello, sin perjuicio de valorar y analizar cómo puede afectar esta situación ilegal a los derechos de miles de guardias civiles y cómo puede hacer variar su postura en torno a las relaciones institucionales con los actuales responsables de la Dirección General de la Guardia Civil.

Además AUGC recuerda que por cuestiones íntimamente relacionadas con la Asociación Pro Huérfanos, existe un procedimiento penal abierto contra el anterior Director General, FRANCISCO VELÁZQUEZ, quien propuso el nombramiento del actual presidente del Consejo de Gobierno y Administración de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil, general ROGELIO MARTÍNEZ MASEGOSA, cuyo nombramiento está recurrido por AUGC ante el Tribunal Supremo.