Las noticias publicadas en los últimos días, así como las diligencias judiciales que han trascendido, dibujan un escenario de extraordinaria gravedad institucional que, de confirmarse, resultaría incompatible con los principios de neutralidad, legalidad, independencia y profesionalidad que deben regir la actuación de cualquier servidor público.

No obstante, conviene recordar que para AUGC este escenario no es nuevo. Nuestra asociación fue la primera en reaccionar cuando comenzaron a conocerse las informaciones que vinculaban al entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, con la filtración a la trama investigada en el caso Koldo de que estaba siendo objeto de investigación por parte del Instituto Armado. Ante la gravedad de esos hechos, AUGC presentó denuncia penal ya en 2024 por presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, sin esperar a que ninguna instancia política tomara la iniciativa. 

La Guardia Civil es una institución al servicio de los ciudadanos y del Estado de Derecho. Ningún interés político, partidista o personal puede situarse por encima de la ley ni interferir en el trabajo de quienes tienen la obligación de investigar los delitos y colaborar con jueces y fiscales. Las presiones sobre la UCO que ahora documenta el sumario del juez Pedraz, con el intento de que sus informes fueran vaciados de contenido o que la unidad se pusiera "de perfil" en investigaciones con afectación política, son sencillamente intolerables. Son una agresión directa al Estado de Derecho y a la dignidad profesional de los guardias civiles que, con rigor y bajo mandato judicial, hacen su trabajo.

Por ello, desde AUGC consideramos imprescindible que los hechos sean esclarecidos con total transparencia y que la investigación judicial llegue hasta sus últimas consecuencias, sin interferencias de ningún tipo y con absoluto respeto a la independencia de los órganos encargados de su instrucción.

En este contexto, el ministro del Interior y la directora general de la Guardia Civil no pueden seguir calladosSu silencio ante unos hechos de esta magnitud es de extrema gravedad. Tienen la obligación de comparecer, informar y dar explicaciones sobre lo ocurrido durante un periodo en el que la dirección del Cuerpo estuvo, según apuntan las investigaciones judiciales, condicionada por lealtades ajenas a la institución. No hacerlo sería una irresponsabilidad añadida a una situación ya de por sí gravísima.

Asimismo, si las informaciones que están siendo objeto de investigación resultan ciertas y se acredita la participación o colaboración de responsables institucionales en actuaciones incompatibles con sus obligaciones legales y éticas, deberán depurarse todas las responsabilidades que correspondan, incluidas las de carácter político, administrativo o disciplinario, sin descartar las dimisiones que procedan.

Los guardias civiles llevan años soportando una creciente utilización política de la institución mientras continúan sin resolverse reivindicaciones fundamentales relacionadas con sus derechos profesionales, laborales y económicos. Resulta inaceptable que quienes tienen la responsabilidad de proteger el prestigio y la independencia de la Guardia Civil puedan verse relacionados con actuaciones que comprometan la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Quienes oprimen a la Guardia Civil con la política no pueden escudarse en ella cuando les conviene.AUGC reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa de una Guardia Civil profesional, independiente y alejada de cualquier injerencia política. La credibilidad de la institución exige una respuesta firme, ejemplar y acorde con la gravedad de los hechos que se investigan. Y esa respuesta no puede venir solo de los jueces: tiene que venir también de quienes ostentan la responsabilidad política sobre el Cuerpo.

Porque la Guardia Civil no pertenece a ningún gobierno ni a ningún partido político. Pertenece a todos los ciudadanos.