Decir que a día de hoy los españoles no estamos para fiestas no es ninguna novedad. Señalar que los guardias civiles somos un colectivo discriminado de forma permanente en sus condiciones laborales, tampoco. Lo que en estos momentos sí que puede ser novedoso es constatar el hecho de cómo el Ministerio del Interior puede hacer las cosas tan desacertadamente, que empuje a estos funcionarios sufridos a cotas de desigualdad y desamparo inimaginables y achacables a casi nadie, pero menos a un Gobierno que se arroga la categoría de progresista y garante de derechos sociales. Y claro, denunciar estas circunstancias públicamente, como está haciendo AUGC, no gusta a este tipo de políticos. Los cuales, lejos de ponerse a pensar a buscar soluciones -que las hay- para mejorar las condiciones profesionales de los integrantes de la Institución, han escogido la opción de arremeter contra los que las denuncian, es decir, las asociaciones de guardias civiles. Y como eso no ha sido suficiente, porque los guardias civiles han respaldado masivamente a sus legítimos representantes, y lo han hecho patente en las distintas manifestaciones públicas que se han organizado, pues se dé un paso aún más perverso, y se prohíbe el derecho fundamental de manifestación a todo un colectivo de trabajadores. Y así, de la forma más torticera que se pueda imaginar, los dos partidos políticos mayoritarios, el PSOE y el PP, que se muestran incapaces de ponerse de acuerdo en adoptar medidas efectivas contra la crisis que nos azota, utilizan el poder que le hemos otorgado los españoles, para hurtar a los guardias civiles un derecho constitucional. Y todo porque desde AUGC, como siempre, hemos trabajado duro, convirtiéndonos en una Organización fuerte, encaminada a que se deje de engañar y agraviar a nuestro colectivo. Si hubiésemos sido mansos y sumisos ante quienes nos dirigen, este golpe de estado institucional a nuestros derechos no se hubiese producido. Todos sabemos que nuestra lucha no está exenta de riesgos. Así ha sido desde siempre. Y no por ello hemos dejado de dar la cara, aunque eso conlleve que a veces te la partan. Esta misma semana notificaban a nuestro Secretario de Organización, José Antonio Agudo, la sanción de pérdida de destino por criticar duramente a la Administración por el motivo de la aplicación del RAI de Tráfico y la retirada de la productividad. Seguramente no sea la última sanción que quede por venir. Utilizan políticamente el régimen disciplinario para amedrentarnos, a sabiendas de que la inmensa mayoría de estos expedientes se ganarán en los Tribunales. Pero, a pesar de todo, nadie podrá parar nuestra fuerza. Somos herederos de una historia plagada de compañeros que se han dejado la piel por conseguir una Guardia Civil mejor para todos. Eran tiempos no de expedientes sino de cárceles militares y expulsiones. A pesar de ello nadie pudo apagar nuestra llama. Tampoco lo van a conseguir ahora. Repasemos lo que ha ocurrido en esta Legislatura a la que le queda poco tiempo de vida. Los guardias civiles comenzamos la misma con grandes expectativas, estrenábamos una Ley Orgánica de derechos cuya aplicación esperábamos supusiera la modernización de nuestro régimen estatutario y la mejora de nuestras condiciones profesionales. De este modo, AUGC comenzó a colaborar de forma leal con el Ministerio del Interior para llevar a cabo esta tarea. Pronto comprendimos que no iba a ser nada fácil puesto que desde el principio la Administración no dio muestra alguna de activar el mencionado proceso. Ni siquiera en cimentar las cuestiones más básicas que marcaba este marco legal, como era la formación del nuevo órgano colegiado que establecía la Ley Orgánica, a saber, el Consejo de la Guardia Civil. Así las cosas, como en anteriores ocasiones, tuvimos que movilizarnos y salir a la calle de forma masiva junto a los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, el 18 de octubre de 2008. Esta manifestación obtuvo un resultado objetivo. Menos de una semana después, por primera vez en la historia, un Ministro del Interior nos recibía en su despacho. En esa reunión expusimos nuestras pretensiones y los motivos que nos habían llevado, a pesar de las amenazas directas, a participar en la manifestación. Poco después, conseguimos que se convocaran elecciones al Consejo. Por supuesto, tras la manifestación conjunta con policías nacionales, cuatro miembros de la JDN fueron expedientados, pero había que arriesgar y arriesgamos. Aunque eso es algo que ya tenemos asumido en AUGC porque como decimos, por desgracia, siempre ha sido así. Ya en la concentración del año 2007, donde los guardias civiles nos manifestamos utilizando nuestro uniforme reglamentario, 21 representantes fueron sancionados; entre ellos, la por entonces Junta Directiva Nacional al completo. Era algo sabido, pero ninguno dimos marcha atrás. Inmediatamente se constituyó el mismo, y nuevamente los representantes de AUGC comenzaron a trabajar para que el Consejo de la Guardia Civil cumpliera los fines para los que supuestamente fue creado: mejorar las condiciones laborales de los guardias civiles y la propia Institución. Rápido los de siempre confundieron nuestras pretensiones con el ataque a sus intereses. Y también prontamente el carácter militar del cuerpo sirvió de falso argumento para justificar lo injustificable. Por ello de forma mayoritaria, el colectivo de guardias civiles -y en consecuencia AUGC- tiene el convencimiento de que todos los agravios que padecemos con respecto al resto de cuerpos policiales españoles se deben a la naturaleza militar de la Guardia Civil; o más bien, a la perversa utilización que se hace desde la cúpula del Cuerpo y desde los diferentes gobiernos, para mantener a los integrantes de la Institución en un estatus profesional precario. En la corta vida del Consejo nos encontramos una y otra vez con la misma actitud. Desde la Dirección General se nos repetía que había interés en avanzar en mejoras, pero la realidad era otra. Y entre otros asuntos de menor relevancia, y siempre con el referente de la Ley Orgánica 11/2007, de Derechos y Deberes, con mucho esfuerzo, se consiguió apuntalar un régimen de vacaciones y permisos semejante al resto de empleados públicos. En un principio la Orden General no nos reconocía los tres días de permiso que disfrutan los compañeros del CNP en semana santa y navidad. Presionamos y, en sólo una semana, la Orden General se modificó reconociéndonos estos permisos. Se solicitó además apoyo institucional para las asociaciones, tal y como tiene otras organizaciones representativas de trabajadores. Algo que nunca llegó. También se trabajó en el seno del Consejo en una nueva Ley de Personal, con el fin de modernizar la carrera profesional de los guardias civiles. Se establecieron al efecto una serie de acuerdos plasmados en un borrador que no se tramitó parlamentariamente. Y por último abordamos una cuestión básica en el trabajo de los guardias civiles: su jornada laboral. Tras un trabajo duro, se consiguió ir modificando el primer borrador que no mejoraba en casi nada la situación. De esta forma, con dialogo y presión, se consiguió reducir el cómputo de horas anuales y se trabajó en un sistema de turnos con el fin de garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar. Pero la negativa de la Dirección General a reconocer, a través de los denominados índices correctores, la especial penosidad del trabajo realizado en horario nocturno y festivo (en palabras del propio Director General de la Policía y la Guardia Civil, expresadas públicamente en el Consejo, "que no podemos tener la misma jornada laboral que el Cuerpo Nacional de Policía, porque somos diferentes"), unido a la negativa a tramitar una Ley de Personal (a diferencia de lo que ocurre en FFAA y CNP; un nuevo agravio) provocó la ruptura de las negociaciones y la mayor manifestación de guardias civiles que han presenciado los ciudadanos, convocada por AUGC y UO. Una manifestación realizada tras un verano intensísimo donde AUGC colmó los medios de comunicación de forma casi diaria. Después vino la negativa de la Delegación del Gobierno de Madrid autorizar la manifestación. Pero nunca tiramos la toalla. A pesar de la prohibición y mientras el Tribunal se pronunciaba, conseguimos que una Asociación ajena a los guardias civiles la convocara de nuevo. Y tras la negativa a aceptar esta última, sin apenas tiempo, organizamos un acto multitudinario en un polideportivo. Luego vino la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconociéndonos el derecho de manifestación. Con ello se tuvo que volver al inicio y organizar de nuevo la manifestación con menos de 48 horas de antelación. Fue una semana agotadora, pero nos salimos con la nuestra. Y como era natural fue un éxito de asistencia sin precedentes en nuestra historia. Aún deben estar retumbando los muros de la Dirección General. También es verdad que tras esta exhibición de fuerza muchos empezaron a temblar. A partir de ahí el "bunker" comenzó a trabajar, animado por un Gobierno desconcertado, para conseguir una involución en nuestros derechos. Estamos convencidos de que no lo conseguirán. Porque la Asociación Unificada de Guardias Civiles tiene claro sus objetivos y pretensiones. No somos soldados, y tarde o temprano, España, sus políticos y su sociedad, tendrán que resolver esta cuestión. Y mientras tanto, de una forma o de otra, exigiremos las mismas condiciones laborales y económicas que el resto de policías. No conseguirán mantenernos calladitos y sin molestar. Eso es lo que quieren. Seguiremos denunciando el abuso, ninguneo y abandono Institucional de nuestro colectivo y, que lo tengan claro, no pararemos hasta conseguir que los guardias civiles realicen una jornada laboral igual o mejor a la que prestan el resto de cuerpos policiales y que nuestra normativa interna se adapte de una vez por todas al Siglo XXI. Un dato más. La nefasta gestión del Ministerio del Interior y su brutal ataque al movimiento asociativo ha logrado unir a las cuatro asociaciones profesionales representativas de guardias civiles. Es un momento delicado donde debemos, por pura responsabilidad, actuar en unidad de acción, como así se ha escenificado ya en una rueda de prensa conjunta. PRIMERAS MEDIDAS A TOMAR Estos políticos que nos gobiernan nos han hurtado el derecho a reunión. Pero eso es sólo de momento, porque estamos convencidos de que recuperaremos este derecho Constitucional en los Tribunales de Justicia. El derecho de manifestación es una herramienta asociativa importante, pero no es la única. AUGC tiene numerosos recursos para trasladar su mensaje a la sociedad, y lo vamos a hacer. La Junta Directiva Nacional está trabajando y colaborando, como decimos con el resto de asociaciones, en un plan de actuación que quedará ultimado en la primera quincena de agosto. En la primera fase de nuestro plan estratégico emplearemos toda nuestra capacidad de movilización con la intención de generar el debate en la opinión pública sobre esta maniobra involucionista que, por primera vez en nuestra democracia, ha permitido, con nocturnidad y alevosía, robarnos un derecho fundamental que los guardias civiles hemos ganado a pulso en las calles y en los Tribunales de Justicia. Os adelantamos ya que el día 22 de septiembre habrá una reunión de representantes asociativos de AUGC, que aprovecharemos para realizar un acto público. Os iremos dando los detalles conforme se acerca la fecha. Esta reunión será aprovechada para recapitular y consensuar entre todos, las medidas que pondremos en marcha a partir de ese momento. Y por supuesto, habrá convocatoria de manifestación. Estratégicamente es importante realizarla, porque el pronunciamiento de los órganos gubernamentales correspondientes abrirá la posibilidad de la vía judicial para recuperar este derecho. Pero aquí, en cuanto a fechas y forma de plantearla debemos regirnos también por el asesoramiento de nuestros servicios jurídicos. Primero para evitar riesgos disciplinarios innecesarios a nuestros afiliados, y en segundo lugar porque aún no está en vigor la prohibición que, en principio, se tramitaba por una enmienda en el Senado, y en el colmo del desacierto, los dos partidos políticos que la han impulsado la han convertido en un Borrador de Ley Orgánica, sin precedentes en cuanto a tramitación parlamentaria. Por supuesto, estas medidas de presión están y seguirán siendo compaginadas con reuniones, de máximo nivel, con todos los grupos políticos. Del mismo modo, trabajaremos, ahora con un nuevo enfoque la Iniciativa Legislativa Popular. Ya sabíamos que la misma no nos asegura la reforma de la Ley de Personal, y que la recogida de firmas es laboriosa. Pero además de que unos días después de su presentación conseguimos que la Dirección General presentara en el Consejo un borrador de esta Ley, también es un buen instrumento para trasladar a la sociedad los problemas que padecemos los guardias civiles y para denunciar todos los agravios y desmanes del Gobierno hacia nuestro colectivo. Quieren mantenernos baratos y eficaces. Y la mejor fórmula para no dar es prohibir pedir. En este último párrafo nos centraremos. Porque puede que estos dos partidos políticos no nos apoyen, pero desde luego la sociedad sí. La misma que cada vez se siente más alejada de estos gobernantes. Queremos terminar con un mensaje de ánimo, puesto que estamos convencidos de que esta chapuza jurídica y cobarde maniobra articulada por gobierno y oposición no les va a salir bien. Más pronto que tarde consolidaremos, de una vez por todas, nuestro derecho a la libertad de expresión y de manifestación. Y no son palabras huecas ni vacías, pues nacen de la confianza en la justicia, el sentido común, la fuerza de AUGC y, sobre todo, en lo más importante: todos vosotros. Porque desde la enriquecedora realidad variada de AUGC, que es uno de los signos propios irrenunciables, los tiempos demandan unidad. Esta unidad desde la diversidad, es la mejor herramienta para consolidar derechos y para conseguir los legítimos intereses sociales, económicos y profesionales de los hombres y mujeres que componen la Guardia Civil. En breve, os enviaremos la documentación y los guiones necesarios para llevar a efecto nuestras próximas acciones. Un fuerte abrazo compañeros y compañeras, JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ASOCIACIÓN UNIFICADA DE GUARDIAS CIVILES.-