Esta iniciativa parlamentaria pone nombre oficial a lo que AUGC ha venido reclamando durante años: el modelo actual de prevención de riesgos en la Guardia Civil es insuficiente, excesivamente centralizado y ajeno a la realidad cotidiana de los más de 80.000 guardias civiles distribuidos en más de 2.200 unidades territoriales de toda España.

El texto completo de la Proposición no de Ley puede consultarse aquí al final de la noticia.

El muro institucional que ha silenciado la voz de los trabajadores

AUGC ha tenido que enfrentarse de forma reiterada a un muro institucional levantado por la propia Dirección General de la Guardia Civil (DGGC). En el seno de la Comisión de Riesgos Laborales del Consejo de la Guardia Civil, las propuestas y reclamaciones de esta asociación han sido rechazadas bajo el argumento de que tales materias quedaban fuera del ámbito competencial de las asociaciones profesionales. Una postura que esta asociación considera no solo jurídicamente cuestionable, sino profundamente injusta.

Lo más grave es que ese muro no ha detenido la burocracia, sino la seguridad real de los trabajadores. Hay ejemplos concretos, documentados y denunciados por AUGC, que ilustran con claridad qué ocurre cuando la prevención se gestiona desde un despacho centralizado sin escuchar a quienes trabajan sobre el terreno.

Riesgos reales ignorados: el Servicio Marítimo y el gas radón

Uno de los casos más significativos es el del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Los guardias civiles que prestan servicio en unidades marítimas están expuestos a riesgos específicos y exigentes: trabajo en embarcaciones en condiciones de mar adversas, riesgo de caída al agua, exposición prolongada a combustibles y productos químicos, operaciones de rescate bajo presión extrema y manejo de maquinaria especializada en entornos de alto peligro. Son riesgos que no pueden evaluarse ni gestionarse adecuadamente desde una comisión nacional que nunca ha pisado una lancha de servicio en el Estrecho en plena operación. AUGC ha trasladado estas preocupaciones y ha recibido, en el mejor de los casos, silencio.

Otro ejemplo igualmente preocupante es el del gas radón. Este gas radiactivo de origen natural, clasificado por la Organización Mundial de la Salud como la segunda causa de cáncer de pulmón tras el tabaco (OMS, 2009), se acumula en espacios cerrados y puede alcanzar concentraciones peligrosas en edificios situados sobre terrenos graníticos, como ocurre en amplias zonas del territorio nacional donde la Guardia Civil tiene acuartelamientos y dependencias. AUGC ha reclamado en repetidas ocasiones que se realicen mediciones sistemáticas de radón en los puestos afectados. La respuesta institucional ha sido, en la práctica, la inacción. Sin delegados de prevención con acceso directo a las unidades, con capacidad de fiscalización real y con tiempo acreditado para ejercer sus funciones, este tipo de riesgos silenciosos seguirán sin detectarse hasta que sea demasiado tarde.

Estos no son casos aislados. Son la consecuencia lógica y previsible de un modelo que concentra la prevención en un único órgano nacional, que ignora la heterogeneidad de un cuerpo de seguridad presente en todo el territorio y que ha optado sistemáticamente por cerrar la puerta a quienes, desde las asociaciones profesionales, señalaban los riesgos antes de que se convirtieran en accidentes.

Una propuesta justa, legal y necesaria

La PNL del Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno a modificar el Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, y la Orden INT/724/2006, de 10 de marzo, para crear la figura de delegados de prevención designados por las asociaciones profesionales representativas con presencia en el Consejo de la Guardia Civil. La propuesta contempla su presencia en todos los niveles territoriales (Zonas y Comandancias) y el reconocimiento de las competencias establecidas en el artículo 36 de la Ley 31/1995.

No se trata de una medida excepcional. Se trata de equiparar a la Guardia Civil con lo que ya tienen otros cuerpos de seguridad del Estado, como la Policía Nacional, donde el Real Decreto 2/2006 garantiza desde hace dos décadas la existencia de delegados de prevención en distintos niveles organizativos. Lo que allí es norma, aquí sigue siendo una demanda pendiente.

Agradecimiento, confianza y vigilancia

AUGC agradece sinceramente al Grupo Parlamentario Popular, y de manera especial a las diputadas Ana Belén Vázquez Blanco e Irene Garrido Valenzuela, la sensibilidad demostrada hacia una reivindicación legítima, urgente y compartida por el conjunto del colectivo de la Guardia Civil.

Confiamos en que esta Proposición no de Ley reciba el apoyo más amplio posible entre todos los grupos parlamentarios. La seguridad y la salud laboral de los guardias civiles no puede ser moneda de cambio político ni instrumento de ninguna agenda partidista: es una cuestión de dignidad profesional y de responsabilidad institucional.

AUGC estará atenta al desarrollo de la tramitación parlamentaria de esta PNL y hará seguimiento de su votación. Quienes tienen la responsabilidad de decidir deben saber que el colectivo de la Guardia Civil tiene los ojos puestos en esta Cámara. Y confiamos en que lo hagan con la altura de miras que este asunto exige.

La Guardia Civil lo necesita. Sus hombres y mujeres lo merecen.