• Modelo policial, Jornada laboral, libertad de expresión para defender los derechos laborales de los agentes de la Benemérita, derecho de reunión y manifestación han sido alguno de los puntos tocados por Alberto Moya en su intervención ante los diputados autonómicos navarros.

AUGC y los guardias civiles a los que representa han protagonizado hoy en el parlamento navarro un hecho histórico. Por primera vez en democracia una asociación profesional de la Guardia Civil ha tenido la oportunidad de hablar, directamente, a los representantes políticos de la de derechos sociales y laborales que sistemáticamente se niega a los trabajadores de la Benemérita.

La iniciativa ha partido de la diputada foral del  Grupo Parlamentario de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón Caballero, quien solicito a la Cámara la celebración de una sesión de trabajo de la Comisión de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior con representantes de AUGC a fin de que informaran a los diputados de los problemas laborales y de derechos que sufren los guardias civiles. La delegación de AUGC la integraban su secretario general, Albero Moya, su secretaria nacional de la Mujer, Pilar Villacorta y el representante de AUGC en Navarra, Jesús Manuel Hernández.

Alberto Moya, secretario general de AUGC, ha sido el encargado de desgranar, delante de los representantes políticos navarros, los problemas que afectan a los guardias civiles y de recordar también el alto coste en vidas que han pagado los miembros de la benemérita  para que España, por fin, pueda seguir avanzando democráticamente sin violencia.

El líder de AUGC también ha recordado los años de la clandestinidad de los primeros “sindicalistas” de la guardia civil, pidiendo el reingreso del miembro de AUGC José Morata, y destacó la importancia que los tribunales han tenido en la concesión de derechos constitucionales y laborales en este Cuerpo. Sentencias como la emitida por la Audiencia Nacional en 1998 en la que consideraba a  AUGC “altamente saludables para la sociedad” son las que han hecho posible que los guardias civiles tengan hoy una Ley de Derechos y Deberes. 

Pero ha sido precisamente la falta de desarrollo de esta Ley Orgánica la que ha centrado el grueso de la intervención de Alberto Moya, ya que a pesar de haberse aprobado hace ya seis años aún sigue sin desarrollarse lo que motiva que los trabajadores de la Guardia Civil sigan discriminados con respecto al resto de compañeros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, tanto estatales, Cuerpo Nacional de Policía, como autonómicos, Policías Autónomas.

Ante los diputados forales navarros Moya ha reclamado para los guardias civiles, a los que AUGC representa mayoritariamente no sólo por afiliación sino también por número de vocalías en el Consejo de la Guardia Civil, una Ley de personal y jornada laboral digna, “actualmente los guardias civiles- afirmó Moya- no disponen de una jornada de trabajo que permita adecuadamente la conciliación de la vida familiar y laboral. Que es debido básicamente a dos circunstancias, el exceso de horas de servicio que se prestan, con respecto al resto de cuerpos policiales, y la ausencia de una previsión adecuada debido a la ausencia de un régimen de turnos “.

Derecho de todos los guardias civiles a una carrera profesional basada en “los principios e igualdad, mérito y capacidad”, integración de la mujer dentro del cuerpo, porque después de 20 años de su acceso a la Benemérita sólo representa el 20% de la plantilla. También reclamó la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales “para que se establezcan los mecanismos que permitan su eficaz y correcta aplicación, así como que contemple y desarrolle dos derechos fundamentales recogidos en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, el derecho de formación y el derecho de consulta y participación de los Guardias Civiles. Este último cercenado hasta su máxima expresión, siendo reducido el mismo a la mera presentación de propuestas”.

Los derechos de los representantes legítimos de los guardias civiles también ha sido uno de los puntos referidos por Alberto Moya, especialmente el relacionado con la libertad de expresión, que sólo en la etapa del gobierno socialista supuso más de 200 expedientes disciplinarios a cargos de AUGC. Un derecho fundamental para “poder desarrollar la labor de representación ante las Instituciones, mandos y medios de comunicación que los guardias civiles les han otorgado”.

El representante de AUGC también se ha referido al Derecho de reunión y manifestación, que tanto costó conseguir a los guardias civiles y que PP y PSOE trataron de cercenar al final de la pasada legislatura con la aprobación de la “Ley Orgánica 11/2.011, de 1 de agosto, cuyo único contenido, afirmó, es, como decíamos, intentar prohibir este derecho a los guardias civiles”.

La comparecencia en la Comisión de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior fue aprovechada también por los representantes de AUGC para reclamar, en estos tiempos de crisis económica y recortes, un modelo policial más acorde con los cambios producidos en el país. Si en épocas de bonanzas económicas AUGC reclamaba la unificación de los dos cuerpos policiales de ámbito estatal, con más motivo ahora. Porque hay otra forma más eficaz de ahorrar en materia de seguridad y que no implica un recorte en la calidad de este servicio, esencial para los ciudadanos, y en el sueldo de sus trabajadores.

Alberto Moya también abordó problemas específicos de la Guardia Civil en Navarra comenzando por la oposición de AUGC a las posibles transferencias de las competencias en Tráfico al Gobierno Foral de Navarra, y que haría desaparecer a la Guardia Civil de Tráfico, con todos los problemas que esto acarrea tanto a los agentes como a sus familias. En cambio Moya propuso la creación de dos grandes destacamentos uno en Pamplona y otro en Tudela para mejorar el servicio actual. También expresó el “más profundo rechazo de AUGC a las muestras que se han dado en determinadas poblaciones de la Comunidad, es cierto que de forma aislada, tratando de ridiculizar a la Guardia Civil. Los que las han protagonizado parecen olvidar que tras nuestro servicio al ciudadano se encuentra personas y familias que necesitan el necesario respaldo social para ejercer nuestras legítimas funciones”. Por último, Moya, también denunció la situaciones de acoso detectadas en la Guardia Civil de Navarra, “que amparadas en esta falta de regulación de nuestros derechos, se están produciendo por parte de determinados mandos, hacia los hombres y mujeres que están bajo su responsabilidad” y citó como ejemplo los problemas detectados en  la unidad fiscal de Beriain o el Puesto principal de Pamplona.
Una vez concluida la exposición inicial de AUGC, todos los grupos políticos coincidieron en que las reivindicaciones laborales expuestas, son legítimas básicas, al margen de la situación social y económica actual. En cuanto a las cuestiones planteadas con respecto a la mayor coordinación de todas las policías, las formaciones parlamentarias coincidieron también en que en efecto es necesaria la cooperación de todos los cuerpos policiales, para mejorar el actual servicio de emergencia 112. Ante el planteamiento de AUGC de que la Agrupación de Tráfico debe seguir operando en la Comunidad Foral, las contestaciones han sido diversas, según el signo político de los portavoces que intervenían.

Lo que parece claro, y así lo han expresado todas las formaciones parlamentarias, es que la presencia de AUGC –y por tanto de los guardias civiles- en el Parlamento Foral es un síntoma de normalización en una sociedad que aspira a resolver sus problemas de forma pacífica, y con la colaboración de todos.