Madrid   -06-2013

COMUNICADO DE PRENSA

EL MINISTERIO DEL INTERIOR ACATA LAS RECOMENDACIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO SEGÚN LE BENEFICIEN

Siete guardias civiles de AUGC son expedientados por reclamar una jornada laboral digna.

La cadena de expedientes no cesa en la Guardia Civil, hace unos meses, se les abrió expedientes a los miembros de la Junta Directiva Provincial de Badajoz, siete expedientes, por participar en una manifestación legal, en la que reclamaban derechos laborales, ahora se vuelve a repetir en Burgos por las mismas circunstancias, en esta ocasión también son siete los agentes de AUGC  expedientados. La represión a los trabajadores de la Guardia Civil no cesa por parte de altos mandos del Cuerpo con la connivencia del Director General del Cuerpo.

Recientemente el ministerio del Interior ha anunciado en el Congreso de los Diputados, a través de su Secretario de Estado, que los efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, al igual que los miembros de la UIP de Policía Nacional, llevaran distintivos que los identifiquen en las operaciones en las que participen, atendiendo la recomendación del Defensor del Pueblo.

No deja de sorprender a AUGC la diligencia que se ha dado el ministerio en acatar y cumplir la petición de esta alta Institución cuando en otras recomendaciones muestra una evidente “sordera” o falta de interés por dar cumplimiento a sus demandas. Nos referimos a la resolución del Defensor del Pueblo en el que se recordaba al ministerio del Interior y al Gobierno que los guardias civiles pueden ejercer su derecho de reivindicación, manifestación y reunión porque, como bien dijo, en su informe …no se hace uso de la condición militar las 24 horas de los 365 días del año, como si de un sacerdocio se tratase. Una cosa es ser y otra el hacer.

Hay que recordar también que esta postura del Defensor del Pueblo ha sido corroborada también por el Consejo de Estado, cuando en un nuevo intento del actual gobierno por limitar los derechos fundamentales de los guardias civiles, se pretendió aplicar estas prohibiciones a los guardias civiles, en la tramitación del nuevo régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, el informe de este órgano consultivo del Reino de España es tajante: los guardias civiles tienen garantizado, entre otros derechos relacionados con el asociacionismo profesional, el derecho de reunión y manifestación para solicitar mejoras en sus condiciones profesionales.

Como decimos, mientras desde estas altas Instituciones se está abalando el derecho de manifestación de los guardias civiles, la Dirección General de la Guardia Civil, ha seguido expedientando a aquellos dirigentes de AUGC que han ejercido este derecho participando en manifestaciones o concentraciones. Los últimos expedientes notificados esta semana a siete compañeros de AUGC Burgos que participaron en una concentración convocada por otra organización, la asociación La Rueda, y en defensa de una jornada laboral digna que permita a los trabajadores de este Cuerpo conciliar su vida laboral y familiar. Manifestación que contaba, como todas las convocadas por AUGC o en aquellas en las que ha participado, con las autorizaciones legales.

La DGGC intenta nuevamente cercenar derechos a los guardias civiles, a base de expedientes y represión pura y dura con la connivencia del Director General de la Guardia Civil y el sector más militarista, rancio y retrogado de los mandos de la Guardia Civil, saltándose por alto las innumerables sentencias judiciales ganadas por AUGC en la que avalan nuestro derecho de manifestación.

AUGC exige al máximo responsable de la Guardia Civil que ponga todos los medios para que ceje esta persecución a los cargos de la Organización, que cuenta además con un  apoyo superior al 50% de los trabajadores de esta Institución, como así ha quedado reflejado en las últimas elecciones al Consejo de la Guardia Civil.

Para AUGC el Director General de la Guardia Civil tiene suficiente capacidad para poner fin a este despropósito y obligar a sus subordinados a cumplir escrupulosamente la ley que permite, insistimos, como ha ratificado el Defensor del Pueblo y el Consejo de Estado, a los agentes manifestarse y reivindicar.