SE HAN CUMPLIDO LAS PEORES EXPECTATIVAS: EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y LA GUARDIA CIVIL SANCIONA CON PERDIDA DE DESTINO AL SECRETARIO GENERAL Y AL SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DE AUGC, Y CON DOS AÑOS DE EMPLEO Y SUELDO A DOS DE LOS RESPONSABLES DE LA ASOCIACIÓN EN CIUDAD REAL. Los dueños del bunker de la Dirección General han cumplido con sus amenazas y no han mostrado ni piedad ni justicia a la hora de sancionar a los dirigentes de AUGC. Así ya han comunicado a Alberto Moya, Secretario general, y a José Antonio Agudo, Secretario de organización, la pérdida de destino por los últimos expedientes que se les habían abierto. Además también se ha sancionado con dos años de empleo y sueldo a los dirigentes de AUGC en Ciudad Real, Antonio Moreno y Jesús Culebra en resolución al expediente que se les incoó, por el que se les hace responsables de un reportaje aparecido en la revista Interviú sobre la "huelga de bolis caídos". Los servicios jurídicos de la asociación están estudiando las resoluciones firmadas por Francisco Velázquez, para iniciar las correspondientes acciones legales, porque en las mismas aparecen indicios de posible desviación de poder, en lo que parece un claro uso de la potestad disciplinaria, contra quienes en el cumplimiento de los fines asociativos y de sus obligaciones como representantes, se ven en la obligación de poner de relieve los errores y la desidia en el cumplimiento de sus obligaciones que, como Director General, le impone el Ordenamiento Jurídico. Ello unido a que nos encontramos en un periodo preelectoral, con lo que esto implica de inoperancia por parte de un gobierno en funciones, unido a la falta de carácter y mando que hasta el momento ha demostrado el recientemente nombrado Ministro del Interior han dejado a la Guardia Civil, en manos de 37 generales sedientos de venganza y con muchas ganas de comenzar a cobrar las cabezas de aquellos que durante los últimos 10 años han luchado por democratizar este cuerpo. Hace casi un año AUGC lograba una sentencia histórica: que los tribunales reconocieran a los guardias civiles su derecho a manifestación. Sabíamos que el éxito del 18 de septiembre frente al bunker de la Dirección General había removido en sus poltronas a aquellos que, hasta entonces, se consideraban dueños y señores de la voluntad de casi 70.000 guardias. AUGC se preparó para hacer frente a la acometida que desde el mismo día de la manifestación comenzó a fraguarse en los despachos de la DGGC por los generales. Pero hemos de reconocer que no estábamos preparados para enfrentarnos al abandono de una clase política que presumía en sus currículos de su lucha por la libertad y la democracia. Contábamos con la dura respuesta de los altos mandos, pero esperábamos de las dos personas que se encontraban al frente del Ministerio del Interior coherencia con su pasado y, por lo tanto, que supieran poner freno a la demostración de fuerza desmedida que habían planeado en los soleados y ventilados despachos de los generales. Estábamos equivocados, la "memoria histórica" de algunos representantes políticos solo les es útil en periodo electoral. Así, un año después de la manifestación frente a la DGGC, hoy nos encontramos con que no sólo nos han hurtado nuestro derecho a la libertad de expresión y de manifestación, sino que, no contentos con los grilletes con las que nos maniatan, han ido más lejos utilizando a nuestras familias como medida de presión y chantaje: "Si sigues levantando la voz pierdes tu destino y te dejo sin sustento el tiempo que quiera". Pero se equivocan los que piensen que los guardias civiles y sus familias van a ceder ante tan vil amenaza. En estos años de lucha lo primero que hemos aprendido es a respetarnos para que nunca nadie más nos vuelva a pisotear. Además sabemos que, a pesar de encontrarnos sumidos en una terrible crisis económica no superada por la inoperancia de un ejecutivo en funciones, la sociedad está de nuestro lado y no nos dejará de lado porque es consciente que hemos hecho y seguimos haciendo nuestro trabajo eficazmente, a pesar de que a cambio solo recibimos vejaciones de los que nos mandan. Sanciones como las que acabamos de conocer solo son muestras de la impotencia de unos mandos ante el avance imparable de los derechos constitucionales de estos servidores públicos.