La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha tomado conocimiento del pase a retiro del General de División Antonio José Rodríguez-Medel Nieto, hasta ahora Jefe de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, cuya salida ha quedado formalizada en el Boletín Oficial de Defensa del 14 de abril de 2026.

Conviene precisar, antes de continuar, que no estamos ante una dimisión. El General no ha renunciado a su cargo, no ha puesto su empleo a disposición de sus superiores ni ha asumido responsabilidad alguna por su gestión. Ha pasado a retiro de forma voluntaria, que es, para quien no esté familiarizado con la terminología, una figura que permite al interesado abandonar el servicio activo conservando íntegramente los derechos económicos y honoríficos que le corresponden. Dicho en términos más llanos: se va, pero bien. La diferencia con dimitir no es menor: quien dimite reconoce, implícitamente, que algo no ha funcionado; quien solicita el retiro voluntario simplemente decide que ha llegado el momento de marcharse, sin que ninguna cuenta quede pendiente de rendir. Una distinción que, en este caso, resulta especialmente elocuente.

Aclarado lo anterior, la AUGC no puede despedir a este mando sin dejar constancia de una gestión marcada por decisiones que no encontraban amparo en norma alguna, sino únicamente en el criterio personal de quien ostentaba el cargo.

Cuando el criterio personal suplantó a la normativa

Guardias civiles que accedieron al empleo de Sargento, hombres y mujeres por igual, vieron denegada la posibilidad de realizar las prácticas preceptivas en su Comandancia de destino. Sin que la Jefatura de enseñanza moviera un solo dedo para garantizar un derecho reconocido.

En el mismo ejercicio de autoridad, determinados territorios del Estado español quedaron vedados para la realización de prácticas formativas. No por razón operativa acreditada, no por limitación presupuestaria reglamentariamente establecida: por criterio propio. Resulta cuando menos llamativo que quien dirigía la Enseñanza de un Cuerpo de ámbito nacional decidiese, unilateralmente, que hay suelo español donde ese Cuerpo prefiere no formar a sus agentes.

Los casos que no deberían haber ocurrido

La AUGC tiene conocimiento de situaciones en las que guardias civiles en estado de gestación vieron restringido su acceso a actos académicos a los que tenían pleno derecho, amparándose en una situación, la del embarazo, que el ordenamiento jurídico protege de forma expresa y sin ambigüedades. No hubo base legal que sustentase esas decisiones. No hubo cobertura reglamentaria. Hubo criterio. Y ese criterio, con toda la consideración institucional que merece quien lo ejerció, estaba equivocado.

El contexto que la cúpula preferiría no mencionar

No es posible obviar que el nombre de Rodríguez-Medel aparece vinculado, en la hemeroteca reciente, a uno de los episodios más controvertidos de la cúpula del Instituto Armado. Fue uno de los tres altos mandos ascendidos por el Ministerio del Interior en el contexto del caso Pérez de los Cobos, promociones que el Tribunal Supremo anuló y obligó a repetir. Recibió en abril de 2024 la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil en un nombramiento que la justicia dejó igualmente sin efecto. La prensa ha señalado que su pase a retiro se produce entre discrepancias con la cúpula, por su oposición a medidas que habría considerado contrarias a los procedimientos establecidos.

Que un mando que, según se informa, acabó enfrentándose a sus superiores por defender la correcta aplicación de los procedimientos haya sido al mismo tiempo quien aplicó criterios sin respaldo normativo alguno sobre el personal bajo su responsabilidad es una contradicción que merece ser señalada con precisión y sin acritud. La arbitrariedad no mejora dependiendo de la dirección en que se ejerce.

Una cúpula que sigue mirando hacia otro lado

Cabe preguntarse qué hizo la cúpula institucional ante los hechos descritos. La respuesta, que quienes llevamos años en este Cuerpo conocemos bien, es la de siempre: nada. Porque señalar que determinados mandos ejercen su autoridad al margen de la legalidad obliga a actuar, y actuar obliga a asumir responsabilidades que resultan infinitamente más cómodas de ignorar. Es más sencillo esperar a que un retiro voluntario resuelva lo que debió corregirse mucho antes por la vía ordinaria. Así funciona el sistema, y así lleva funcionando demasiado tiempo.

Una despedida sin artificios

La AUGC desea al General Rodríguez-Medel lo mejor en su nueva etapa, con la misma sinceridad con la que señala lo que ocurrió bajo su mandato. La Jefatura de Enseñanza necesita ahora un liderazgo que comprenda que la norma no es un instrumento al que acudir cuando resulta conveniente y aparcar cuando incomoda, y que la protección de los derechos del personal no es una concesión graciable sino una obligación legal sin excepción posible.

Se va voluntariamente, con todos sus derechos intactos y sin rendir cuenta alguna. Como siempre.

Tanta paz lleve como deja.