Una vez más, los datos oficiales vienen a confirmar lo que la Asociación Unificada de Guardias Civiles lleva muchos años enunciando, que sólo el 64% de los 50 acuartelamientos de la Guardia Civil existentes en la provincia de Córdoba se encuentran en buen estado, mientras que el 10% presenta mal estado y el 26% están catalogados como “regular”.

Los cuarteles que se consideran en mal estado son los de Bujalance, La Rambla, Castro del Río, Alcaracejos y Espejo, mientras que se catalogan en estado regular los de Almodóvar del Río, Cabra, Palma del Río, Peñarroya, Posadas, Carcabuey, Cerro Muriano, Espiel, Hornachuelos, Torrecampo, Villa del Río, Villaviciosa y la sede de la Comandancia en la capital.

No es de extrañar que muchas de esas edificaciones presenten deficiencias, teniendo en cuenta que acumulan una antigüedad media de 55 años. Nada menos que el 90% superan los treinta años, solo cinco de los acuartelamientos han sido construidos en el siglo XXI: Iznájar, La Victoria, Nueva Carteya, Priego de Córdoba y Puente Genil. Los casos más extremos son los de La Rambla, construido en 1930, el de Córdoba en 1932, Villaviciosa en 1941, Adamuz en 1948, y en la década de los 50 los de Cardeña, Espejo, Villa del Río, Castro del Río, Alcaracejos, Bujalance, Almodóvar, Dos Torres y El Viso. De hecho, el 72% de los cuarteles están por encima de los cincuenta años de antigüedad.

En la década de los 60 fueron construidos los de Palma del Río, Pozoblanco, Torrecampo y Villafranca de Córdoba, pero fue en los años 70 cuando se construyeron más acuartelamientos en esta provincia, nada menos que 21 de ellos, casi la mitad del total. Mientras que en la década de los 80 fueron siete los nuevos cuarteles, y en los 90 no se edificó ninguno. Son varios los Puestos de Seguridad Ciudadana que tienen que desempeñar su trabajo en dependencias provisionales cedidas por ayuntamientos, como ocurre con el de La Carlota, donde los guardias civiles llevan ya quince años en unas instalaciones que no reúnen las condiciones mínimas, como reconoció el propio servicio de prevención de la Guardia Civil.

Y lo mismo ocurre con el Puesto de Espejo, que durante más de una década se ubicó en una nave del polígono industrial, y hace dos años los trasladaron a Castro del Río, donde trabajan en unas dependencias provisionales del ayuntamiento junto a los guardias civiles de esa otra localidad.

El Tribunal de Cuentas confirma las denuncias de AUGC En el último informe de fiscalización operativa de la planificación y gestión de inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior, emitido por el Tribunal de Cuentas, se constata que “más del 55% de las casas-cuartel tienen más de 50 años, lo que afecta a su estado y a las necesidades de conservación”, advirtiendo que con demasiada frecuencia se tiene que activar “contratos tramitados por el procedimiento de emergencia que se producen con ocasión de incidentes en los edificios, fenómeno agudizado por el deficiente estado de conservación de muchas dependencias”. Entre 2021 y 2023 se tramitaron 67 contratos de emergencia por importe de más de 56 millones de euros.

Dicho informe pone de manifiesto que “las limitaciones presupuestarias dificultan financiar un plan de mantenimiento correctivo sostenido en el tiempo”. El resultado es que apenas el 49% de los acuartelamientos se encuentran en buen estado, mientras que el 37% se catalogan como “regular” y el 13% están en mal estado, pero la situación real es aún peor, porque el Tribunal de Cuentas detecta “incoherencias” en la información facilitada por la Guardia Civil, determinando que “el número de edificios en buen estado sería menor” porque “la información sobre el estado de conservación de los inmuebles carece de fiabilidad suficiente”.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Además, en el informe se ofrecen datos muy concretos que vienen a corroborar las continuas denuncias de AUGC: entre 2019 y 2024 se clausuraron 30 inmuebles por deficiencias graves, a los que se añaden 73 edificios con patologías graves; 45 edificios carecen de calefacción pese a ubicarse en zonas donde es necesaria, 316 no disponen de climatización (aire frío); en 716 edificios la zona de atención al público no está acondicionada para el acceso a personas mayores o con discapacidad física, en 353 no existe sala de espera o atención al ciudadano; el 24% de los aseos no están en buen estado; el 14% de las viviendas operativas son inhabitables o están en mal estado, y el 47% en estado “regular”; 38 edificios carecen de dependencias para la custodia de detenidos y en otros 11 están clausuradas por no reunir las condiciones necesarias.

Y otra clara muestra de la pésima gestión y planificación llevada a cabo por la dirección general de la Guardia Civil y por Interior es que, pese a contar con 117 inmuebles sin uso, solo siete de ellos están incluidos en el plan de ventas.