Un guardia civil destinado en el Destacamento de Tráfico de Gran Tarajal acude a urgencias durante su turno de servicio. El médico lo atiende, emite el parte y lo declara en situación de indisposición durante 48 horas. Semanas después, recibe la notificación de un expediente disciplinario por falta grave. La razón: haber abandonado el servicio sin esperar al relevo. La sanción: seis días sin sueldo y suspendido de funciones.

El caso, que ha concluido con la anulación íntegra de la sanción por parte de la propia Dirección General de la Guardia Civil, pone de manifiesto una realidad que AUGC lleva años denunciando: el uso del régimen disciplinario como herramienta de presión contra guardias civiles que ejercen derechos que la Constitución les reconoce.

Un dispositivo, una indisposición y un parte médico que lo acredita todo

La tarde del 20 de agosto de 2025, el guardia civil participaba en un dispositivo de control de alcoholemia en la carretera FV-10 de Fuerteventura, en el marco de los operativos especiales de tráfico desplegados con motivo de la multitudinaria Fiesta del Agua de El Cotillo. Antes de que llegara el relevo, el agente comunicó a sus superiores que se encontraba indispuesto y que iba a acudir a un centro médico.

No lo hizo en silencio ni a escondidas. Lo comunicó a su sargento y, ante la negativa inicial, también al teniente al mando del dispositivo. Abandonó el servicio, se desplazó a la Clínica Parque y fue atendido en urgencias. El informe médico, emitido apenas 40 minutos después de que dejara el puesto, certificaba su estado. Quedó en situación de indisposición durante dos días.

Pese a ello, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil inició un expediente disciplinario por falta grave de "falta de subordinación", tipificada en el artículo 8.5 de la Ley Orgánica 12/2007 del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, e impuso al agente una sanción de seis días de pérdida de haberes con suspensión de funciones.

AUGC recurre: la salud es un derecho constitucional, no una excusa

El guardia civil acudió a AUGC. La letrada Ana Tacoronte, responsable de los servicios jurídicos de la asociación en Las Palmas, asumió su defensa e interpuso recurso de alzada ante la Dirección General de la Guardia Civil.

El recurso descansaba sobre un argumento jurídico de fondo: el guardia civil no había cometido ninguna infracción. Había ejercido el derecho fundamental a la protección de la salud, consagrado en el artículo 15 de la Constitución Española. Un derecho que no admite excepciones, que no puede ser suspendido por una orden de servicio y que estaba acreditado por documentación médica oficial emitida en el momento de los hechos.

La letrada Tacoronte argumentó además la existencia de contradicciones en las declaraciones de los testigos y la aplicación del principio in dubio pro reo, cuestionando la solidez del relato disciplinario sobre el que se había construido la sanción.

La Directora General le da la razón: sanción anulada

La resolución fue contundente. La Directora General de la Guardia Civil estimó el recurso en todas sus partes y pretensiones, ordenando la anulación íntegra de la sanción. La Asesoría Jurídica de la Dirección General concluyó que el abandono del servicio estaba amparado por el informe médico de urgencias y que no cabía sostener la existencia de una falta de subordinación cuando el agente actuó para preservar su salud.

La resolución, firmada el 21 de mayo de 2026, pone fin a la vía disciplinaria, no admite recurso alguno y obliga a restituir al guardia civil todos los efectos económicos y administrativos derivados de la ejecución de la sanción. Esta desaparece del expediente del agente como si nunca hubiera existido.

AUGC: "Nuestros afiliados no enfrentan solos el régimen disciplinario"

Desde AUGC celebramos esta victoria y felicitamos al guardia civil afectado y a la letrada Ana Tacoronte por su trabajo riguroso y eficaz. Pero más allá del caso concreto, esta resolución lanza un mensaje claro a toda la institución: sancionar a un guardia civil por ejercer un derecho constitucional tiene consecuencias jurídicas.

AUGC pone a disposición de todos sus afiliados servicios jurídicos especializados en régimen disciplinario, con letrados presentes en todo el territorio nacional. Porque defender los derechos de los guardias civiles no es una opción. Es nuestra razón de ser.