Alberto Moya, secretario general de AUGC, y Juan Antonio Delgado, secretario de Comunicación, han denunciado esta mañana ante los medios de comunicación, la persecución a la que están siendo sometidos en estos dos años de gobierno popular “exclusivamente por ejercer derechos fundamentales como los de expresión, reunión y asociación”. Esto se traduce de facto en la prohibición de “expresarnos y solidarizarnos con los problemas de los ciudadanos y en la imposición de sanciones injustas y desproporcionadas por ejercer el derecho de asociación profesional”.

Situación que empeorará después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el borrador de Código Penal Militar, y que pretende aplicarse a los guardias civiles. Por ello, ante esta situación de retroceso en derechos, Alberto Moya ha reclamado una “legislación específica” para el cuerpo, puesto que son y ejercen funciones de “policías pero no de soldados”, y que no se les aplique el nuevo Código Penal Militar por el que se les vuelve a imponer a los Guardias Civiles penas de privación de libertad por “meras faltas administrativas”.


La rueda de prensa se ha celebrado en Cádiz, cuya comandancia se está mostrando como una de las más beligerantes contra los miembros de la Organización, como queda de manifiesto por los cuatro expedientes disciplinarios abiertos al secretario jurídico de AUGC Cádiz, Benito Romero, quien con una “hoja inmaculada de servicios de más de 20 años”, en menos de dos meses, ha sido sancionado con cuatro faltas graves por “hacer peticiones o aseveraciones en contra de la disciplina”. Su delito, como el del resto de compañeros expedientados, defender los derechos de los guardias civiles. Y en este caso concreto, como ha denunciado Moya, solicitar por escrito que se le diga el motivo de la informatización de todas las identificaciones que se realizan durante el servicio de forma indiscriminada y sin interés policial alguno. Identificaciones que van en contra de la Ley de Protección de Datos y de las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Estas sanciones, como ha denunciado Alberto Moya, pueden llevar por acumulación a que el compañero pierda su destino y, por tanto le condene a él y a su familia al “destierro de Cádiz”.  


En esta comparecencia, Alberto Moya y Juan Antonio Delgado también han cuestionado el motivo por el que se están llevando a cabo, en la Comandancia de Cádiz, controles en carretera con situaciones climatológicas adversas, ocasionando grave peligro para la circulación y para los propios agentes o se están realizando grabaciones de vigilancias ficticias a fincas rurales “únicamente para disimular la falta de personal”.