La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha advertido en distintas ocasiones sobre las carencias y deficiencias que presentan muchos de los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior, que son 65 repartidos por casi todas las provincias, a excepción de Zamora, Huesca y Guadalajara, que no disponen de prisiones, y las ubicadas en Cataluña y País Vasco, que tienen transferida la competencia.

A la insuficiente inversión económica en esas instalaciones se añade la excesiva antigüedad de las prisiones españolas, que acumulan una media superior a los 37 años, de hecho el 64% de los centros penitenciarios tienen más de treinta años, un 41% superan los cuarenta, e incluso el 9% suman más de cincuenta años. Solo el 20% han sido construidas en el siglo XXI.

El centro penitenciario más antiguo es el de Ocaña I, en la provincia de Toledo, que data de 1883, seguido del de Burgos, que es de 1932, el penal de El Dueso (Cantabria) de 1938, el de Teruel en 1952, el de Santa Cruz de la Palma en 1964 y el de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, que es de 1968. Mientras que la prisión más reciente es la de Soria, que se inauguró en 2021.

El problema es que ni siquiera una cuarta parte de ellos son de los denominados “centros tipo”, que disponen de más medidas de seguridad, como barreras infrarrojas y microondas, sensores microfónicos, sistemas enterrados, cámaras, empanelados, cercados metálicos, concertinas y otros. Pero es que además, debido a la falta de inversión en mantenimiento y actualización, incluso las prisiones más nuevas sufren muchas deficiencias en esos sistemas de seguridad, produciendo diariamente miles de falsas alarmas.

Debe tenerse en cuenta que en 2025 se triplicaron las evasiones producidas en los centros penitenciarios, suponiendo el 60% de todas las registradas durante el año pasado, cuando en 2024 fueron solo el 20%. Durante los últimos quince años, solo se había producido un número tan elevado en 2011 y 2020. Sin duda, la antigüedad de numerosas prisiones y la falta de medidas de seguridad generan mayores riesgos de fugas.

Además, dichos sistemas no están preparados para afrontar las nuevas amenazas a la seguridad, como la utilización de drones para introducir drogas, móviles y otros objetos prohibidos en los centros penitenciarios, método que se está utilizando cada vez con más frecuencia. De hecho, hace un año la Guardia Civil desmanteló en Córdoba una banda que usaba drones para introducir droga en varias cárceles.

Por ello, tanto los sindicatos de trabajadores penitenciarios como AUGC llevan tiempo reclamando la instalación de sistemas antidrones, igual que ya existen en otras instalaciones como aeropuertos, recintos militares o centrales eléctricas. Y del mismo modo que en otros países europeos, como Francia, cuyo gobierno lleva ya varios años adoptando medidas para frenar esta amenaza en sus prisiones.

La Guardia Civil asume la seguridad y vigilancia del 84% de los centros penitenciarios, mientras que la Policía Nacional se encarga del 16% restante, solo diez prisiones. Y en algunos centros, las dependencias en las que trabajan los guardias civiles no reúnen las condiciones más adecuadas, sobre todo debido a la excesiva antigüedad de las instalaciones, pero también a la falta de inversión por parte de Interior.

El Tribunal de Cuentas detecta carencias

Corroborando lo que AUGC ha denunciado reiteradamente, el Tribunal de Cuentas, en su último informe de fiscalización operativa de la planificación y gestión de inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior, ha detectado centros penitenciarios que no disponen de unidad de custodia hospitalaria de referencia en su proximidad. Así como que los hospitales psiquiátricos penitenciarios se encuentran al límite de su capacidad.

Además, en dicho informe se advierte que,

“persisten divergencias significativas en la dotación de infraestructuras, recursos y servicios entre centros, incluyendo la configuración de sus medidas de seguridad”, y alerta sobre el “uso de determinados centros penitenciarios con carencias en cuanto a diseño y equipamientos”.

Y añade que en algunos centros penitenciarios hay celdas individuales con menos de seis metros cuadrados, por debajo de la dimensión mínima recomendada por el Consejo de Europa, mientras que otras prisiones cuentan con celdas colectivas cuya superficie es inferior a los doce metros cuadrados.

Inversión insuficiente

Dicho órgano fiscalizador indica que “en lo que se refiere a su conservación y mantenimiento, los centros penitenciarios son infraestructuras muy complejas sometidas a un uso intensivo y permanente, lo que los somete a un desgaste elevado, teniendo en cuenta que la población penitenciaria es de más de 55.000 reclusos y trabajan en ellos más de 25.000 empleados públicos”, a lo cual se añade que “siguen existiendo centros antiguos y además se plantea la necesidad de remodelación de otros centros más modernos para adaptarlos a características o requerimientos más actuales”.

A pesar de ello, de los más de 681 millones de euros planificados para el ‘Plan de amortización y creación de establecimientos penitenciarios’ durante el período de 2019 a 2028, hasta 2024 solo se habían ejecutado algo más de 172 millones de euros, según consta en el informe del Tribunal de Cuentas.

La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) está tramitando actualmente distintos contratos públicos para reformar los centros penitenciarios de Bonxe (Lugo), Alcalá de Henares (Madrid), Villanubla (Valladolid), Puerto de Santa María (Cádiz), y otros. Pero la experiencia demuestra que en algunas ocasiones esos trámites se eternizan y las obras sufren grandes retrasos.

Sanidad penitenciaria caótica

En su último informe, el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) del Defensor del Pueblo pone de manifiesto una serie de deficiencias en relación con los centros penitenciarios, como que “los sistemas de videovigilancia siguen sin adaptarse a las exigencias establecidas en la Instrucción 4/2022 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”, aludiendo a “importantes deficiencias en relación con el sistema de videovigilancia en cuanto a la cobertura sobre las zonas comunes y los módulos”.

Por otro lado, dicho organismo avisa que persisten las dificultades señaladas en su informe anterior respecto a la adecuada cobertura de los puestos de trabajo y la coordinación de los profesionales de las diferentes áreas, que “son aspectos esenciales para garantizar la correcta gestión y funcionamiento de los centros penitenciarios”.

Además, “se mantiene la situación de escasez de personal médico en las prisiones de la Administración General del Estado”, porque las plazas convocadas no se cubren por la falta de demanda, al producirse “una insuficiente participación en los procesos selectivos convocados, así como numerosas renuncias tras su superación y antes de su finalización”.

De hecho, según datos oficiales, “en las convocatorias realizadas desde 2018 hasta 2022, en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria se cubrieron un 13 %, un 11 %, un 9 % y un 7 %, de las plazas en los años sucesivos, mientras que en la especialidad de Medicina Psiquiátrica se cubrieron un 75 %, un 20 %, un 20 % y un 10 %, de las plazas convocadas. En los últimos años se ha incrementado el número de plazas ofertadas, pero la convocatoria de nuevos procesos selectivos no soluciona este problema estructural”.

Y añade el MNP que “el hecho de que un solo profesional esté atendiendo todas las necesidades médicas que surgen en un centro penitenciario pone en riesgo la calidad de la asistencia prestada a los internos, así como la salud del personal facultativo, cuya actividad laboral supera considerablemente el máximo de horas establecido en la normativa”.

Así como que “esta situación de falta de personal médico supone también una sobrecarga de trabajo del personal de enfermería, demoras desde hace años en el preceptivo examen y documentación de las lesiones, e incluso la ausencia del reconocimiento médico en las situaciones de aislamiento de los internos. Cuando no hay personal facultativo en el centro penitenciario, es el personal de enfermería el que filtra y toma la decisión de derivar al hospital a los internos, e incluso en algunos casos estas decisiones se adoptan por personal no sanitario”.

Y coincide con el diagnóstico de AUGC respecto a la necesidad de que se cumpla la obligación fijada hace más de dos décadas por la Ley 16/2003 sobre el traspaso de la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas, alertando de que “esta situación está provocando una pérdida continua de profesionales de la sanidad en el ámbito penitenciario, generando un grave problema de asistencia a la población reclusa”.

De hecho, “diferentes organismos nacionales e internacionales han mostrado su preocupación respecto a la falta de personal médico en las prisiones, entre ellos los jueces de vigilancia penitenciaria y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas”. Mientras que las fiscalías de distintas provincias han puesto el foco en “la deficiente sanidad penitenciaria en los centros de sus territorios y el deterioro que sufre año tras año”.

AUGC lleva años insistiendo en dicha cuestión y ha comprobado que el gobierno estatal arrastra los pies en esta materia, mientras que los gobiernos autonómicos se niegan rotundamente a cumplir esta obligación legal. Y ello a pesar de que ese traspaso competencial mejoraría la atención sanitaria que reciben los internos y disminuiría considerablemente el excesivo número de conducciones y custodias que se realizan actualmente, lo cual a su vez reduciría mucho las fugas, los riesgos de seguridad y las miles de consultas y pruebas médicas canceladas por falta de agentes para trasladarles –más de 17.000 cancelaciones en los últimos ocho años–.

En cuanto a las unidades de custodia hospitalaria, que se ubican en los hospitales pero dependen funcionalmente de Instituciones Penitenciarias, el MNP critica que “existen unidades que carecen por completo de cámaras de vigilancia, así como otras en las que no están habilitadas para la grabación o están inoperativas”.

Vehículos inseguros

Por otro lado, el MNP coincide con AUGC en que “es necesario que se retiren de la circulación aquellos vehículos de conducción de personas privadas de libertad que carezcan de sistemas de retención y que dispongan de bancos corridos en sentido lateral a la marcha, al objeto de evitar comprometer la indemnidad física y el trato adecuado a sus ocupantes”.

De hecho, hace nos meses AUGC denunció públicamente que el 40% de los vehículos de la Guardia Civil para el traslado de presos carecen de cinturones de seguridad, así como que dicha flota se ha reducido un 3%, a pesar de lo cual Interior no adquirió ninguno en 2025, mientras que compró 32 para la Policía Nacional.

Y ello a pesar de que los vehículos celulares asignados a la Guardia Civil acumulan una media superior a los 11 años de antigüedad, disparándose hasta los 17 años en los vehículos tipo autobús, llegando varios de ellos incluso a los 27 y 28 años. A eso se añade que acumulan un promedio superior a los 200.000 kilómetros recorridos, llegando a los 300.000 kilómetros de media en los vehículos más grandes, y el 12% superan los 400.000 kilómetros.

Falta de personal, medios y formación

Pero no acaban ahí las carencias detectadas por el MNP, porque en su informe también llama la atención sobre la insuficiencia de personal para la custodia y traslado de personas privadas de libertad, y añade que “es igualmente importante que el personal de la Policía Nacional y de la Guardia Civil disponga de los medios necesarios de dotación –como las fundas antihurto y los chalecos antibalas– para garantizar con seguridad el desarrollo de sus funciones”.

En lo que se refiere a la formación, “mantiene el criterio, recogido en la normativa, de que el personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que pueda tener participación en la práctica de detenciones y custodia policial se encuentre formado en técnicas de reducción e inmovilización, registros personales, primeros auxilios, uso de sistemas de extinción de incendios y prevención de conductas suicidas o autolesivas, formación que al menos en la Guardia Civil es inexistente en lo que atañe a primeros auxilios, extinción de incendios y prevención de conductas suicidas."

La desidia de Interior llega hasta el punto de no actualizar la normativa penitenciaria, como advierte el MNP al poner de manifiesto “la necesidad de que se lleve a cabo una reforma legislativa para adaptar el régimen disciplinario penitenciario a la realidad actual”, porque incluso la Fiscalía General del Estado en su Memoria Anual de 2025 señala que “deberían modificarse las faltas disciplinarias recogidas en el Reglamento Penitenciario, ya que algunas están obsoletas, mientras que otras conductas están quedando impunes al no estar contempladas”.