Aunque es un avance histórico para los compañeros de las Fuerzas Armadas, resulta lamentable y preocupante que las asociaciones profesionales de la Guardia Civil no hayan sido informadas por los cauces oficiales. Enterarse a través de los medios de comunicación de que el Ministerio de Defensa iniciará los trámites para la declaración de la carrera militar como profesión de riesgo supone una muestra más del deterioro de las relaciones entre la DGGC y las asociaciones profesionales.
El riesgo no es una hipótesis; es la realidad diaria de quienes combaten el crimen organizado y patrullan nuestras carreteras. Tras el reciente plante de las asociaciones en el Pleno del Consejo por la falta de avances sociolaborales, este nuevo episodio de falta de transparencia solo agrava la crisis de confianza con la Dirección General.
Propuestas concretas:
Armonización legislativa: Aplicación del reconocimiento de profesión de riesgo de forma simultánea en Defensa e Interior.
Transparencia: Restablecimiento de los canales de diálogo para tratar la jubilación anticipada y los coeficientes reductores.
AUGC recuerda que las asociaciones profesionales ya han dicho basta ante el abandono institucional y la falta de respuestas claras, impulsando solicitudes de plenos extraordinarios, plante en el Consejo y frentes comunes en unidad de acción para defender los derechos sociolaborales del colectivo.
Es inadmisible que se avance en el reconocimiento de la profesión de riesgo para las Fuerzas Armadas mientras se mantiene en la incertidumbre a la Guardia Civil, obligando a sus representantes a ejercer una presión creciente para que Interior y la Dirección General abandonen el mutismo.
Es imperativo que el Gobierno despeje cualquier ambigüedad: la declaración de profesión de riesgo debe alcanzar a todos los guardias civiles por igual, incluyendo necesariamente al personal de clases pasivas.
No cabe una respuesta parcial que ignore la realidad del servicio. Desde AUGC advertimos que solo aceptaremos una solución integral que garantice el acceso a una jubilación digna y el fin de la discriminación. Cualquier medida que deje a un solo compañero atrás será entendida como una traición a la seguridad pública.
