La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha remitido a la ministra de Defensa una queja en la que reclama que se aplique al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, teniente general Manuel Llamas, el mismo criterio disciplinario que la Administración impone de forma sistemática a los guardias civiles de las escalas básicas.

El escrito responde a la resolución de la Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa, que ha acordado no incoar expediente disciplinario ni adoptar medida cautelar alguna respecto del DAO, pese a que el Juzgado Central de Instrucción competente de la Audiencia Nacional ha acordado su imputación por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia en el marco del caso Leire, imputación instada por la propia Fiscalía Anticorrupción. El Departamento fundamenta su inacción en la preferencia de la jurisdicción penal sobre la administrativa sancionadora.

AUGC denuncia que ese mismo argumento es el que la jurisdicción militar rechaza de forma reiterada cuando lo invocan los guardias civiles de base para oponerse a su propio cese cautelar.

La asociación recuerda que, ante una simple denuncia, un atestado o un auto judicial que atribuye la condición de investigado (sin imputación formal equiparable ni resolución firme), a los agentes de las escalas básicas se les incoa expediente y se les cesa cautelarmente en funciones por el plazo máximo de tres meses previsto en el artículo 54 de la LORDGC.

La queja subraya el deber reforzado de ejemplaridad que la normativa exige a quienes ejercen el mando. La disciplina, pilar constitucional de la organización militar de la Guardia Civil, no se sostiene solo sobre la obediencia de los subordinados, sino, de forma primordial, sobre el buen ejemplo de quien manda, con mayor intensidad cuanto más elevado es el empleo. Como máximo mando uniformado del Instituto Armado, el DAO está sometido, si cabe con mayor rigor, a los mismos principios de disciplina y dignidad que rigen para el último guardia de un puesto rural.

AUGC recuerda que las propias reglas de comportamiento del guardia civil imponen cumplir los deberes impulsado por el sentimiento del honor (verdadera seña de identidad del Cuerpo), ejercer un mando basado en el ejemplo y el liderazgo personal, y evitar todo comportamiento que pueda comprometer el prestigio de la Institución.

El escrito advierte, además, del creciente daño institucional y la pérdida de confianza de la base de la institución que genera esta desigualdad de trato, alimentada semana tras semana por la cobertura mediática del caso Leire.

Esta actuación se enmarca en la línea que AUGC mantiene desde la imputación de la directora general de la Guardia Civil.

La asociación fue la primera en solicitar la personación en la causa como acusación popular, personación que continúa pendiente de resolverse a la espera del recurso en el que AUGC fue emplazada junto a otras acusaciones populares.

AUGC solicita a la ministra que reconsidere la resolución adoptada, que se adopten con carácter general las medidas necesarias para garantizar la igualdad de trato en la aplicación del régimen disciplinario, con independencia del empleo o destino, y que se dé respuesta motivada y expresa a esta queja institucional.

Puedes a continuación el escrito presentado.