Lo que AUGC lleva advirtiendo desde hace años, ha ocurrido esta madrugada. Cientos de personas han accedido a Ceuta bordeando a pie el espigón del Tarajal y lanzándose al agua mientras una multitud permanecía al otro lado de la frontera esperando su turno para cruzar. La Guardia Civil ha vuelto a sostener sola, con los mismos medios de siempre, una frontera que el Estado no ha querido dotar.

Una ciudad desbordada y unos agentes al límite

Los datos son incontestables. Más de 1.800 personas han entrado por la frontera marítima en apenas una semana, con jornadas que superan las 200 entradas diarias, mientras el CETI acoge ya a más de 900 residentes pese a disponer de 512 plazas y más de 400 personas permanecen acampadas en sus inmediaciones. El presidente de la Ciudad Autónoma ha advertido de que, si el ritmo se mantiene en torno a las 300 entradas diarias, en diez días se alcanzarán cifras equiparables a las de mayo de 2021.

Detrás de cada número hay una tragedia y hay un guardia civil metido en el agua. En lo que va de año se han localizado 27 cuerpos sin vida en el litoral ceutí, ocho de ellos solo en julio y cuatro durante el último fin de semana. La cifra de fallecidos en los últimos doce meses se eleva a sesenta personas. A esto se suma el desgaste físico y psicológico de unos agentes que encadenan servicios interminables, que rescatan cadáveres de menores y que, además, frecuentemente sufre agresiones cuando proceden a interceptar a quienes acceden tras trepar el vallado fronterizo.

La sentencia del Supremo y un vacío operativo que nadie ha cubierto

La respuesta a un cambio de doctrina judicial no puede ser la parálisis. Si el Alto Tribunal ha delimitado el alcance del rechazo en frontera en la vía marítima, corresponde al Gobierno construir el marco que permita seguir protegiendo la frontera con plenas garantías. Y ese marco tiene un nombre concreto: reforma legal y protocolo bilateral con el Reino de Marruecos.

España y Marruecos disponen desde 1992 de un acuerdo de readmisión de personas entradas irregularmente. Ese instrumento nació pensando en la frontera terrestre y nunca se ha desarrollado operativamente para la vía marítima, que es precisamente por donde hoy entra la práctica totalidad de las personas que alcanzan Ceuta. El resultado es el que estamos viviendo: una frontera con dos regímenes, uno aplicable y otro inaplicable, y unos agentes obligados a distinguir sobre la marcha, de madrugada y dentro del agua, cuál de los dos les corresponde aplicar.

AUGC reclama que se cierre ese vacío. No con improvisaciones, sino con un protocolo escrito, bilateral, publicado y jurídicamente sólido.

Cuando la advertencia era gratis y ahora la factura la pagan los agentes

AUGC solicitó la ampliación de los espigones del Tarajal y Benzú después de la tragedia de febrero de 2014, en la que fallecieron quince personas por aplastamiento mientras intentaban bordear el espigón a la carrera aprovechando la oscuridad. Lo volvió a solicitar tras la crisis de mayo de 2021, cuando familias enteras bordearon el espigón del Tarajal caminando, sin necesidad siquiera de nadar. Y lo ha reiterado sistemáticamente desde entonces, junto a la petición de al menos 200 agentes adicionales, más efectivos del Servicio Marítimo y de los GEAS, y la Declaración de Ceuta como Zona de Especial Singularidad.

Doce años de advertencias. Hoy, el resultado está en las imágenes que ha visto toda España.

Traslados: la única válvula real de descompresión

Ceuta tiene 19 kilómetros cuadrados. No hay plan de acogida posible dentro de ese perímetro. Con el CETI al 175 % de su capacidad y centenares de personas durmiendo a la intemperie en sus alrededores, mantener a toda la población migrante dentro de la ciudad no es una política: es una condena para todos, para quienes llegan y para quienes tienen que custodiarlos.

Ya en 2021 el Defensor del Pueblo advirtió de que las demoras en los traslados a la península constituían la queja más frecuente sobre estos centros. Y en agosto de 2025 el propio Estado declaró la contingencia migratoria extraordinaria en Canarias, Ceuta y Melilla. Los instrumentos existen. Falta voluntad para activarlos.

AUGC exige la puesta en marcha inmediata de un dispositivo de derivación ordenada hacia la península y la activación de los mecanismos europeos de solidaridad y reubicación. La frontera sur de España es la frontera sur de Europa: no puede seguir sosteniéndose en una Comandancia.


AUGC reclama al Ministerio del Interior, al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Dirección General de la Guardia Civil la adopción, sin más dilación, de las siguientes medidas:

  •  Refuerzo urgente de 200 guardias civiles en la Comandancia de Ceuta, con incremento específico de efectivos del Servicio Marítimo y de los GEAS.

  • Instrucciones operativas escritas, claras y homogéneas que unifiquen los criterios de actuación tras la sentencia del Tribunal Supremo y garanticen la seguridad jurídica de cada agente.

  • Adaptación de la disposición adicional décima de la Ley Orgánica de Extranjería al nuevo marco fijado por el Alto Tribunal, para dar respaldo legal expreso a la actuación de los agentes.

  • Establecimiento de un protocolo bilateral con el Reino de Marruecos que extienda el rechazo en frontera y la readmisión a la vía marítima, desarrollando operativamente el acuerdo de readmisión de 1992 y fijando por escrito los puntos de entrega, los procedimientos de identificación, la cadena de mando y las garantías jurídicas aplicables. Un protocolo publicado, verificable y con respeto pleno a las obligaciones internacionales de España, que ponga fin a la actual asimetría entre la frontera terrestre y la marítima y devuelva a los agentes un procedimiento cierto en el que apoyarse.

  • Ampliación de los espigones del Tarajal y de Benzú, solicitada por AUGC desde 2014, con efecto disuasorio real y capacidad de prevenir nuevas muertes.

  • Activación inmediata de traslados a la península y de los mecanismos de reubicación en el marco de la Unión Europea, con criterios estables y no dependientes de cada emergencia.

  • Declaración de Ceuta como Zona de Especial Singularidad, que permita movilizar recursos extraordinarios frente a la presión migratoria, el tráfico de personas y el narcotráfico.

  • Reforma integral del vallado perimetral, estructuralmente deteriorado y con una vulnerabilidad que AUGC ya ha documentado ante instancias nacionales y europeas.

  • Renovación y operatividad real de los medios marítimos, incluida la puesta en servicio efectiva de las embarcaciones presentadas públicamente pero no operativas.

  • Cooperación efectiva y verificable con las autoridades marroquíes en la vigilancia de los arenales próximos a los espigones, con resultados medibles y no meramente declarativos.

  • Reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo, jubilación digna, jornada de 35 horas en paridad con el resto de empleados públicos y equiparación salarial plena.