Las asociaciones profesionales presentes en el Consejo de la Guardia Civil (AUGC, UGC, AEGC y ASES.GC), con excepción de las formadas exclusivamente por oficiales se declaran en contra de la intención del Gobierno de la aplicación del Código Penal Militar a este cuerpo de seguridad. Y que el Ejecutivo está materializando por medio de la aplicación, a los guardias civiles, de las leyes militares vigentes para los Ejércitos.
En su iniciativa de imponer las citadas leyes militares a los guardias civiles, incluso en su actividad policial, los vocales del Consejo de la Guardia Civil, han sido convocados por la Dirección General del Cuerpo, para una sesión extraordinaria y urgente. Obligándolos a ser convidados de piedra ante la aprobación de esta reforma de la ley penal militar.
Con esta reforma volverá con toda sus consecuencias algo que había sido superado y derogado en el año 2007 por el Parlamento. Esto supondrá nuevamente que los guardias civiles sean enviados a prisión por meras faltas administrativas o laborales. Comenzando por los integrantes de las asociaciones profesionales, para quienes se contempla la sanción colectiva a sus representantes a falta de una persona física responsable de una falta disciplinaria militar o si en su labor representativa tuvieran la osadía de criticar los fallos internos de funcionamiento de este cuerpo policial.
La situación es muy grave. Se pretende castigar sobre manera a los miembros de una de la institución más valorada por la ciudadanía sin justificación aparente. Es por ello que la sociedad, y el resto de opciones políticas, deben tener conocimiento de una cuestión tan preocupante que retrotrae a ámbitos de la seguridad pública a tiempos pretéritos. Así como las consecuencias del uso indebido e innecesario de la legislación militar en la Guardia Civil posiblemente más allá de los conceptos constitucionalmente marcados.
