Mientras el país se transformaba, la Guardia Civil permanecía encadenada a una condición militar que nadie quería tocar. Esto es la historia de esa deuda, de quienes la han cobrado con expedientes, de quienes pagaron con su libertad o su empleo por pedir lo que ya tenían sus vecinos, y de quienes, a pesar de todo, siguen sin rendirse. 

El 17 de diciembre de 1976: cuando ir a manifestarse costó la cárcel

Hacía trece meses que Franco había muerto. La palabra democracia estaba en la boca de todos. Y un grupo de guardias civiles y policías armados decidió hacer algo que hoy nos parece elemental: manifestarse. El 17 de diciembre de 1976, se concentraron en Madrid para exigir la integración en la Seguridad Social —porque sí, había guardias civiles que carecían de cobertura médica digna, que tenían que mendigar asistencia sanitaria si no estaban destinados cerca de un hospital militar— y subidas salariales acordes a la responsabilidad que cargaban cada día.

La respuesta del Estado democrático recién nacido fue fulminante: más de 200 detenidos, 50 expulsados, consejos de guerra, traslados forzosos. Los organizadores —Diego Artero, Francisco García Hidalgo, José García Macías y José Luis Pérez Pérez-Gutiérrez, entre otros— fueron juzgados por sedición e insultos a superior. En el cuartel donde se había fraguado la protesta, el Batalla del Salado de Madrid, se prohibió expresamente hacer cualquier comentario de apoyo a los detenidos. El mensaje era claro: la democracia tenía una frontera, y esa frontera era la puerta del cuartel.

Pero la semilla estaba plantada. Y resultó imposible de arrancar. Poco después se dotó a todos de asistencia médica y hubo una subida salarial. La primera gran lección de nuestra historia: la movilización funciona. Aunque cueste un precio.

La Constitución que llegó con asterisco

La Constitución de 1978 reconoció derechos fundamentales para todos los ciudadanos. Pero cuando se llegó al artículo 28, el de sindicación, se introdujo una cláusula que lo decía todo:

"La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados".

Con esa frase, los constituyentes dejaron a los guardias civiles en tierra de nadie: ni militares plenos, ni trabajadores con derechos plenos. Una ambigüedad que iba a ser explotada durante décadas.

La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad llegó para aclarar esa ambigüedad y la agravó. Declaró a la Guardia Civil como:

"(...) un instituto armado de naturaleza militar, sometido a las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, al Código Penal Militar y a la jurisdicción castrense."

Lo que ello conlleva no es un detalle menor: la desobediencia puede ser delito, la libertad de expresión queda subordinada al principio de jerarquía, el derecho de reunión tiene una jaula de hierro, y cualquier reclamación colectiva se convierte, según la lectura de la cúpula, en un acto de indisciplina.

Policías nacionales, en cambio, tenían sindicatos. Policías autonómicos, también. El guardia civil —que patrullaba los mismos barrios, se exponía a los mismos riesgos, cotizaba al mismo sistema— no. La LOFCS del 86 había perpetuado el alma militarista del cuerpo cuando el resto de las democracias europeas avanzaban hacia la “civilización” plena de sus gendarmerías.

Los años 80: sindicatos clandestinos, "Operación Columna" y familias como escudo

Tras la victoria socialista de 1982, muchos guardias civiles creyeron que había llegado su momento. Y surgieron los primeros sindicatos en la clandestinidad: el USGC, el SPGC y el histórico SUGC. La ilusión duró poco. La respuesta fue la represión: cárceles, psiquiátricos y expulsiones. La dirección del cuerpo puso en marcha la Operación Columna, que siguió y persiguió a los organizadores con los mismos métodos que se empleaban contra el terrorismo. Se les espiaba, se les trasladaba, se les señalaba para que sus compañeros entendieran qué pasaba si seguían ese camino.

Las esposas de los agentes organizadas en asociaciones de cónyuges se convirtieron entonces en la voz que el uniforme no podía tener. Salían a reclamar lo que sus maridos no podían reclamar. Fueron igualmente vigiladas y presionadas. Pero no callaron.

El PSOE —el mismo que había prometido desmilitarizar la guardia civil— no cumplió. El Código Penal Militar y la rígida estructura castrense siguió vigente y se vio reforzada. La legislatura terminó con un nuevo engaño.

La "democracia" llegó a España en 1978. A la Guardia Civil le costó décadas más, y el precio lo pagaron con la libertad y el empleo quienes se adelantaron a reclamarla.

La jornada laboral: el reloj parado mientras el resto avanzaba

Hay un agravio que se puede medir en horas. Y cuando se mide, duele más.

Durante décadas, mientras la Administración General del Estado regulaba y reducía la jornada de sus empleados, los guardias civiles carecían de una normativa digna de tal nombre. Aquel tiempo de trabajo no se negociaba, se imponía, permitiendo que se acumularan semanas de hasta 48 horas de servicio (diez más que el resto de funcionarios) bajo un marco normativo inexistente y sin compensación alguna, siempre al albur de unas necesidades del servicio interpretadas de forma unilateral por el mando. En ese escenario, la Policía Nacional ya disfrutaba de una jornada regulada con turnos estables y las policías autonómicas operaban bajo condiciones similares, dejando a la Guardia Civil, una vez más, en el papel de la cenicienta.

Con un retraso histórico respecto al resto de servidores públicos, incluidos los cuerpos policiales, se fijó finalmente la jornada de 40 horas semanales como referencia para la institución. Posteriormente llegó la reducción a las 37,5 horas, un avance tardío que nació en clara inferioridad competitiva frente a los logros consolidados en otros sectores. Fue un paso necesario pero dado a remolque, fruto de una concesión arrancada bajo presión y con una aplicación tan enrevesada que, tal y como advirtió el propio Consejo de Estado, generó normas farragosas cuya interpretación quedaba a merced de los reyezuelos de las Taifas que son las Comandancias de la guardia civil, provocando criterios dispares.

Intentos de ampliación

Ahora, en 2026, el Gobierno ha cerrado el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que implanta las 35 horas semanales para todos los empleados de la Administración General del Estado. No hay constancia de plan alguno para que la Guardia Civil se sume. Una vez más, fuera. La historia se repite con una puntualidad que ya no sorprende, solo indigna.

Y mientras tanto, hay quien en el Ministerio intenta ir en dirección contraria: en algunas unidades se va a ampliar la jornada a 40 horas bajo la coartada de pruebas piloto o necesidades operativas. Los datos de la Agrupación de Tráfico cuando se ensayó esa misma medida hablan solos: se redujeron más de 13.000 patrullas y aumentaron más de 10.500 los días de baja médica. Trabajar más no significa trabajar mejor. Y en la Guardia Civil, trabajar mal tiene consecuencias que se pagan con sangre.

"35 horas para los funcionarios. 37.5; o 40, si el mando lo decide; para el que se juega la vida frente a narcolanchas en el Estrecho a las dos de la madrugada."

COPROPER, 6 de Julio y la sentencia que llamó a los expedientados "altamente saludables"

A finales de los ochenta y principios de los noventa, guardias civiles como José Morata, Manuel Rosa, José Piñeiro y Manuel Linde —al que hoy ya no tenemos entre nosotros— iniciaron el camino más difícil: organizarse dentro de un cuerpo que te podía expulsar por intentarlo. La Coordinadora Pro Perjudicados de la Gestión de Luis Roldán (COPROPER) y la Asociación 6 de Julio (6J) fueron las dos piezas de ese puzzle que nadie quería que encajara. Intentaron inscribirse en el Registro de Asociaciones. Se les negó. Recurrieron. Se les volvió a negar. Mientras tanto, los expedientes se acumulaban.

Hasta que en 1994, la Audiencia Nacional sentenció que los fines de estas asociaciones no solo eran lícitos, sino —textualmente— :

"altamente saludables para servir con objetividad los intereses generales de la Administración".

Y en 1998, una segunda sentencia ratificada por el Tribunal Supremo recordó que reprimir el asociacionismo profesional era incompatible con un Estado de derecho.

La respuesta de la dirección del cuerpo fue inmediata. El fundador de la Asociación 6 de Julio, José Luis Bargados, fue expedientado y expulsado a las pocas semanas de la sentencia que le daba la razón. Seis superiores testificaron en el expediente: tres dijeron que era excelente profesional —uno afirmó que era el mejor guardia civil que había tenido a sus órdenes—. Los otros tres dijeron lo contrario. Casualmente, esos tres eran los mismos a los que Bargados había denunciado por presuntos delitos contra la Hacienda Pública.

"No sólo son completamente lícitos sino que son altamente saludables". Audiencia Nacional y Tribunal Supremo sobre los fines de COPROPER-6J

COPROPER y 6 de Julio se fusionaron en 1994, dando lugar a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Así nació la organización decana del movimiento asociativo en la Guardia Civil. Más de treinta años de lucha. Más de 27.000 afiliados hoy. Y el Premio Nacional de Derechos Humanos de la APDHE en 2010, como reconocimiento a una historia que, aunque se haya querido silenciar, no se puede borrar.

La Plaza Mayor de 2006, el 20E de 2007 y la Ley que vino después

El 22 de abril de 2006, miles de guardias civiles se manifestaron en la Plaza Mayor de Madrid. Fue una señal inequívoca de que el cuerpo había llegado a un punto de no retorno. El Gobierno socialista entendió el mensaje y se planteó, por fin, elaborar una nueva legislación.

Pero la gran jornada llegó el 20 de enero de 2007. De nuevo en la Plaza Mayor. Esta vez, más de 3.000 guardias civiles con el uniforme reglamentario y el tricornio puesto se manifestaron públicamente por primera y única vez en la historia del cuerpo. Familias, simpatizantes, compañeros. Una marea verde que reclamaba respeto, mejoras laborales y democratización real. La imagen dio la vuelta a España.

La dirección del cuerpo, fiel a su tradición, respondió abriendo más de 20 expedientes disciplinarios a los representantes de AUGC. Se amenazó con la ilegalización de la asociación. Llegaron incluso a intentar modificar la Ley Orgánica del Derecho de Reunión para que los guardias civiles no pudiéramos volver a manifestarnos. Lo intentaron. No lo consiguieron.

Y lo que no consiguieron impedir, se transformó en avance: aquella manifestación forzó cambios legislativos profundos que cristalizaron meses después en la Ley Orgánica 11/2007, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. El primer reconocimiento legal del derecho de asociación profesional en el cuerpo. Llegó tarde, llegó incompleto —nada de sindicación—, pero llegó. Y llegó porque salimos a la calle.

La Ley de 2007 y los veinte expedientes: los derechos se cobran caro

Cabría esperar que tras la ley viniera la paz. No fue así. La cúpula del cuerpo respondió a la primera actividad asociativa amparada en ese nuevo marco legal con una veintena de expedientes disciplinarios. El mensaje era nítido: tenéis el derecho en el papel, pero lo ejercéis bajo vuestra responsabilidad. No era un problema de falta de ley. Era un problema de voluntad de aplicarla.

Los directores que sí entendieron y los que ejecutaron el guión

No todos los directores generales han sido iguales. Sería injusto decirlo. Antonio Valdivieso y Arsenio Fernández de Mesa entendieron que el diálogo con las asociaciones no era una amenaza sino una herramienta de modernización. Sus etapas se recuerdan como períodos de apertura, de avances concretos, de una relación menos crispada entre la institución y sus propios integrantes. Sin el primero, no se entiende el avance hacia el reconocimiento del asociacionismo. Sin el segundo, los guardias civiles habrían tardado aún más en tener una jornada laboral mínimamente digna.

El resto, en su mayoría, se limitaron a ejecutar el guion que les escribía la cúpula del cuerpo. No son necesariamente villanos de película: son el producto de una institución que nunca rompió del todo con su alma militarista, y de un generalato que ha defendido históricamente sus prerrogativas con uñas y dientes, que ha entendido cualquier avance en derechos laborales como una cesión de poder, y que ha instrumentalizado la estructura disciplinaria para mantener ese orden.

María Gámez: historia de un mandato que empezó mal, mejoró y se cortó demasiado pronto

En enero de 2020, María Gámez se convirtió en la primera mujer directora general en los 179 años de historia del cuerpo. Un hito histórico. Pero los primeros años de su mandato fueron difíciles para las asociaciones: los avances en el diálogo fueron escasos, el Consejo de la Guardia Civil siguió funcionando como siempre, y las reivindicaciones estructurales —jornada, profesión de riesgo, sindicación— no encontraron cauce.

Lo que no puede negarse es lo que vino después. En los últimos tramos de su mandato, Gámez comenzó a mostrar un talante diferente. El diálogo empezaba a abrirse paso, la interlocución con las asociaciones iba adquiriendo una calidad que antes no tenía. Se intuía que algo estaba cambiando. Y entonces, en marzo de 2023, llegó la imputación judicial de su marido —una imputación que, como demostró el archivo y sobreseimiento posterior de la causa, nunca debió producirse— y Gámez dimitió por principios, con honestidad y responsabilidad, antes de que nadie se lo pidiera.

Quince meses de calvario judicial, la pérdida del cargo, el coste personal. Y al final, el archivo. Nadie le devolvió lo que perdió. La historia le debe a María Gámez el reconocimiento de que, cuando comenzaba a encontrar su propio camino al frente de la institución, fue derribada por una acusación que no se sostuvo.

Leonardo Marcos: el paréntesis que confirmó la regla

Tras Gámez llegó Leonardo Marcos, que tampoco fue el interlocutor que el cuerpo necesitaba. AUGC lo señaló con claridad desde el principio: actitud prepotente, falta de cercanía y de diálogo, incapacidad para atender las demandas profesionales, sociales y económicas del cuerpo. Su gestión del trágico operativo de Barbate, donde dos guardias civiles fueron asesinados en febrero de 2024, le dejó sin autoridad moral para seguir al frente. Marcos dimitió en septiembre de 2024 por motivos que calificó de personales. AUGC celebró su salida. No era suficiente para borrar lo ocurrido en Barbate, pero era un comienzo.

Mercedes González: la esperanza que se convirtió en decepción

Cuando Mercedes González fue nombrada directora general por primera vez en marzo de 2023, la recibimos con esperanza. Su nombramiento se producía en un momento crítico, y desde AUGC confiábamos en que fuera una interlocutora válida, capaz de mantener un diálogo serio y responsable. Duró tres meses. Dimitió para presentarse como candidata del PSOE en las elecciones generales de julio de 2023. El cuerpo, una vez más, como escalón.

Cuando volvió en septiembre de 2024, tras la salida de Marcos, la esperanza era más contenida pero real. González tenía una segunda oportunidad. En AUGC estábamos dispuestos a trabajar con ella.

Lo que ha venido después ha sido una decepción sistemática. Reuniones en las que la dirección "se limitó a tomar notas sin alcanzar ningún compromiso". Un Consejo de la Guardia Civil que sigue funcionando en el mismo formato rígido, protocolario, de uniforme, con turnos de palabra que se cierran cuando la presidencia lo decide y que no se pueden retomar. Reivindicaciones históricas que se escuchan educadamente y se aparcan indefinidamente. Y para rematar, una comunicación interna de la Jefatura de Enseñanza reprendiendo a las asociaciones por facilitar a los alumnos de la Academia de Baeza modelos de instancias con su logotipo: la Dirección General calificando de "injerencia no permitida" el ejercicio más elemental del derecho de asociación. Casi dos décadas después de la Ley de 2007, el calificativo de AUGC fue el único posible: actitud autoritaria y kafkiana.

El modelo de representación está, en palabras de todas las asociaciones, totalmente superado. Y quien tenía la capacidad de reformarlo, no lo ha hecho.

Riesgos laborales: el derecho que nos niegan mientras nos mandan a morir

La Guardia Civil sigue sin ser reconocida como profesión de riesgo. Las policías autonómicas tienen reconocida la jubilación anticipada. La Policía Local, también. Nosotros, no. La participación de las asociaciones en los órganos de prevención de riesgos laborales es sistemáticamente bloqueada o vaciada de contenido: no podemos participar como lo haría cualquier sindicato en cualquier empresa o administración pública del país.

El resultado de esa negligencia tiene nombres y apellidos: Miguel Ángel González y David Pérez. Fueron asesinados la noche del 9 de febrero de 2024 en el puerto de Barbate, embestidos hasta siete veces por una narcolancha mientras prestaban servicio en una pequeña embarcación semirrígida que no estaba preparada para ese tipo de operativo, frente a monstruos de alta velocidad patroneados por delincuentes sin escrúpulos. Las patrulleras con capacidad real no llegaron. Las condiciones meteorológicas y las averías lo impidieron. Entonces alguien tomó una decisión: enviar a seis agentes en esa zodiac.

¿Quién tomó esa decisión? El coronel de la Comandancia de Cádiz y el general jefe de la Zona de Andalucía. ¿Qué les ha pasado? Nada.

La Audiencia Provincial de Cádiz archivó las diligencias. El Tribunal Supremo confirmó el archivo definitivo en octubre de 2025. El argumento:

El peligro no procedía de las condiciones en que prestaban servicio, sino de la acción de los narcotraficantes.

Como si enviar a seis agentes en inferioridad absoluta de medios frente a narcolanchas de alta velocidad no fuera, ya de por sí, una decisión que pone sus vidas en peligro grave y previsible.

Hubo asesinos. Pero también hubo quienes les mandaron a la muerte. Unos van a juicio. Los otros siguen en sus puestos, sin mácula, sin consecuencia, sin que nadie les haya pedido cuentas.

La propia Guardia Civil tardó dos años en personarse en la causa. ¿Para pedir responsabilidades? No. Para reclamar los daños materiales. Mientras tanto, la falta de medios persiste. Las narcolanchas siguen actuando con impunidad. Y los guardias civiles de la zona siguen enfrentándose a ellas sin los recursos necesarios, exactamente igual que aquella noche.

"La falta de medios no es una fatalidad natural. Es una decisión política. Y quienes la tomaron deben responder por ella, aunque los tribunales no lleguen donde debieran llegar."

El 9 de mayo: de uniforme, ante la Patrona de Madrid, con la memoria de los nuestros

El próximo 9 de mayo, los representantes de AUGC y del resto de asociaciones profesionales de la Guardia Civil y sindicatos de la Policía Nacional estaremos presentes en el acto solemne de la Santa Misa en memoria de nuestros compañeros asesinados, para pedir a la Virgen de la Almudena, el reconocimiento de la profesión de riesgo que se nos niega.

Estaremos de uniforme. Porque estamos orgullosos de ese uniforme. Porque ese uniforme representa el sacrificio de generaciones de hombres y mujeres que han dado lo mejor de sí mismos a este país, muchas veces a cambio de nada o de menos que nada. Ese uniforme lo llevaban Miguel Ángel y David cuando murieron en Barbate. Ese uniforme lo llevaban quienes se manifestaron en la Plaza Mayor en 2007 y recibieron más de 20 expedientes. Ese uniforme lo llevaba el guardia civil que en diciembre de 1976 fue a la cárcel de Soria por pedir tener médico.

Llevamos el uniforme con orgullo. Y lo llevamos juntos, delante de la Patrona de la capital, reclamando lo que es nuestro por derecho. Porque la historia nos ha enseñado que cuando vamos juntos, cuando hay unidad y determinación, los avances llegan. Y porque la memoria de quienes pagaron el precio más alto merece algo más que un silencio institucional que nadie ha pedido pero que demasiados han impuesto.

La movilización es la única moneda que entienden

Cincuenta años de historia nos han enseñado una sola lección incontestable: cuando nos hemos unido, hemos avanzado. Cuando hemos esperado sentados a que alguien nos regalara lo que es nuestro, nos han ignorado, nos han expedientado o nos han mandado a que paremos narcolanchas en una zodiac de buceo. La manifestación de 1976 trajo la Seguridad Social. El 20E de 2007 trajo la Ley de derechos. Las movilizaciones de 2018 trajeron la equiparación salarial.

El 9 de mayo no es un acto reivindicativo, es un acto solemne de memoria, de recogimiento y de recuerdo y allí estaremos.