Conviene precisar desde el principio la naturaleza del acto. No es una manifestación ni un acto reivindicativo. Es una ceremonia religiosa, un momento de encomienda a la Virgen de la Almudena y, sobre todo, un acto de memoria hacia los compañeros que entregaron su vida en acto de servicio, así como hacia sus familias, que siguen sosteniendo su ausencia con una dignidad que interpela a toda la Institución. Acudiremos con uniforme reglamentario, con el máximo respeto institucional y desde la neutralidad política que corresponde a un acto de esta naturaleza. Esa es su letra y ese es su espíritu.

Este marco, profundamente solemne, no es el espacio para agotar debates técnicos. Sí lo es, en cambio, para una reflexión serena sobre el sentido último del servicio público y sobre la obligación colectiva que la memoria de los caídos impone a las administraciones con responsabilidad sobre el Cuerpo: la protección efectiva de quienes continúan en activo.

El contexto operativo, en cifras

Los datos públicos permiten dimensionar con rigor el esfuerzo que hoy asumen las unidades operativas. En el marco del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, entre enero y octubre de 2025 se intervinieron 222,5 toneladas de droga y se practicaron 4.600 detenciones por narcotráfico y contrabando, en 11.200 operaciones policiales, un 12,7% más que en el mismo periodo del año anterior. El ejercicio completo cerró en torno a 268.000 kilos de droga incautada, 4.250 detenciones, 641 armas de fuego intervenidas, 979 medios de transporte y más de 755.000 litros de combustible decomisados. La presión operativa sobre el Cuerpo se mantiene, por tanto, en niveles sostenidos, frente a organizaciones criminales cada vez más profesionalizadas, mejor armadas y dispuestas a emplear la violencia contra los agentes.

A esa presión se suma la brecha material. El último informe del Tribunal de Cuentas ha constatado que el 83% de las embarcaciones del Servicio Marítimo ha superado su vida útil y que, al cierre de 2024, más del 40% de la flota de vigilancia se encontraba fuera de servicio por averías o mantenimiento, con un coste anual de conservación en torno a los 15,6 millones de euros. El Servicio cuenta con 51 patrulleras, 22 buques y 68 embarcaciones menores para cubrir todo el litoral nacional. A ello se suman carencias documentadas en armamento no letal, chalecos de protección individual, munición y vehículos (con unidades operando por encima de los 300.000 kilómetros), así como un déficit de plantilla que las asociaciones profesionales cifran en torno a los 20.000 efectivos, particularmente agudo en la España rural.

Estas cifras no son abstractas. Configuran un marco de riesgo operativo que se traduce cada día en intervenciones concretas, sobre personas concretas, con consecuencias concretas.

Un método que acredita resultados

El trabajo que AUGC ha venido desarrollando en los últimos meses se orienta precisamente a traducir ese diagnóstico en expedientes normativos y parlamentarios verificables. No es una labor voluntarista. Acredita resultados. La reciente tipificación penal del petaqueo y el endurecimiento frente a la multirreincidencia, incorporadas a la Ley Orgánica aprobada el pasado 26 de marzo de 2026, son la culminación normativa de un trabajo técnico y parlamentario coordinado, sostenido durante años. Ese mismo método es el que se aplica hoy en cuatro frentes vivos.

Primero. El reconocimiento de la profesión de riesgo

Este eje constituye el pilar fundamental de las reivindicaciones que justifican la existencia de la plataforma convocante. En este sentido, se han impulsado gestiones directas ante la Secretaría de Estado de Seguridad mediante reuniones técnicas iniciales, cuyo objetivo es definir una metodología de reconocimiento rigurosa (basada en indicadores de siniestralidad, estadísticas de agresiones y exposición a riesgos específicos). La finalidad es situar esta demanda en su marco legítimo, el de la equiparación material con aquellos cuerpos policiales que ya cuentan con coeficientes reductores de jubilación, alejándola definitivamente de cualquier interpretación como concesión graciable.

Por otra parte, la reciente tramitación del proyecto de Real Decreto (el cual ha sido impulsado de forma precipitada tras una sentencia cuya valoración jurídica por parte de sus promotores resultó desacertada) representa un agravio institucional sin precedentes. Esta norma limita el reconocimiento de la profesión de riesgo exclusivamente a los policías nacionales del régimen general incorporados a partir del 1 de enero de 2011, lo que supone la exclusión expresa de dos tercios de la plantilla de la Policía Nacional y de la totalidad de la Guardia Civil.

El hecho de que la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN) pretenda justificar la exclusión de los guardias civiles basándose en su naturaleza militar constituye una discriminación que estamos combatiendo con absoluta firmeza. Esta lucha se está librando desde la unidad de acción, coordinada con el resto de asociaciones y sindicatos integrantes de la plataforma, con el firme objetivo de revertir una situación que consideramos profundamente injusta y arbitraria.

Segundo. La PNL 161/002247 sobre armamento no letal en el Servicio Marítimo

Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados y que se debatirá el próximo martes día 21 de abril, insta al Gobierno a dotar al Servicio Marítimo de armamento no letal en condiciones de eficacia operativa. Esta iniciativa responde a una brecha material contrastada entre la doctrina internacional de uso proporcional y escalonado de la fuerza y los medios realmente disponibles frente a embarcaciones de alta velocidad que, en numerosas ocasiones, han embestido deliberadamente a las patrulleras del Cuerpo. Es una medida de protección anticipada y una exigencia de coherencia doctrinal que confiamos en que prospere en su tramitación.

Tercero. La homologación de los delegados de Prevención de Riesgos Laborales

El Cuerpo continúa operando con un modelo de representación preventiva asimétrico respecto al resto de administraciones públicas, al margen del régimen general previsto en la Ley 31/1995. Ello limita la detección temprana de riesgos y la consolidación de una cultura preventiva estable. La singularidad funcional de la Guardia Civil no puede justificar, en este punto, una minoración de garantías que en el resto de ámbitos laborales se consideran mínimas.

Cuarto. El seguimiento del Real Decreto 67/2026, de 4 de febrero

Merece una mención específica, porque concentra una parte relevante de la labor jurídica de esta organización en el último semestre. AUGC votó en contra de la norma en el Consejo de la Guardia Civil, formuló voto particular razonado y participó activamente en el trámite de audiencia pública, denunciando aspectos contrarios al principio de minimización de datos, a la Ley 29/2014 del Régimen del Personal y al marco general de protección de datos sanitarios.

Ese trabajo, sostenido y técnicamente fundamentado, obtuvo reflejo en el dictamen del Consejo de Estado y permitió corregir previsiones del borrador inicial especialmente lesivas para los derechos de los agentes, en línea con la doctrina ya construida en precedentes análogos por la Agencia Española de Protección de Datos y por el propio Consejo de Estado (donde AUGC había logrado tumbar en su día intentos similares de fiscalización del historial médico). Sin esa intervención, el texto que hoy regiría sería sensiblemente más gravoso.

Ahora bien, otros aspectos se incorporaron al texto final pese a las alegaciones formuladas. Y lo más grave: en las primeras semanas de aplicación ya se están produciendo interpretaciones unilaterales y restrictivas por parte de determinados mandos territoriales, exigiendo informes médicos adicionales al parte de baja en abierta contradicción con la literalidad de la norma y con el marco de protección de datos. AUGC está combatiendo esos abusos en sede administrativa. A ello se suma el dato estructural de que 37 comandancias carecen hoy de médico, lo que convierte en inviable parte del modelo de control diseñado por el propio Real Decreto.

Una llamada a estar presentes

Conviene volver al principio. El 9 de mayo no es una manifestación. Es una eucaristía solemne, un acto de fe, memoria y encomienda. Los compañeros que acudiremos de uniforme lo haremos en el marco que nuestro régimen disciplinario ampara: el del respeto institucional, el derecho a la libertad religiosa, el deber de neutralidad política y el de la dignidad que corresponde a un homenaje a quienes ya no están.

Desde AUGC hacemos una invitación expresa a todos los compañeros, a sus familias y a quienes desde la sociedad civil comparten con nosotros la defensa del servicio público a estar presentes ese día en la Almudena. La presencia es, en sí misma, una forma de memoria. De reconocimiento hacia quienes entregaron su vida por España y de compañía hacia quienes, cada jornada, siguen asumiendo el riesgo.

El trabajo reivindicativo, jurídico e institucional continuará después, como ha continuado siempre, con la paciencia y el rigor que exige una organización como la nuestra. Pero el día 9 es, sobre todo, un día de encomienda y de memoria. Ese es el sentido que desde AUGC queremos preservar, y ese es el espíritu con el que acudiremos.

Nos vemos en la Almudena.