Una vez introducidas algunas leves enmiendas en el Senado, el Proyecto de Ley de Seguridad Privada ha vuelto al Congreso de los Diputados, donde se ha aprobado con los votos a favor de PP y CIU, tras el debate que ha tenido lugar el día 20 de marzo. Durante toda la tramitación de dicho proyecto normativo AUGC ha mantenido reuniones con varios grupos parlamentarios y contacto permanente con algunos de ellos, emitiendo distintos informes y proponiendo numerosas enmiendas, la mayoría de las cuales han sido asumidas íntegramente y presentadas por Izquierda Unida. Durante dicho debate se reiteraron las posturas que cada grupo parlamentario ya había mantenido durante la sesión del 17 de octubre de 2013.

PNV dijo que “esta ley es mala, en tanto en cuanto interactúa con la ley de protección de la seguridad ciudadana en ámbitos complejos de determinar y que no deben corresponder nunca a agentes privados de seguridad”.

UPyD expuso que “estamos en contra de este proyecto de ley que nos presenta el Partido Popular porque supone una dejación del trabajo que debe hacer el Estado a favor de unas empresas privadas que además no están preparadas para acometerlo… Ahora los agentes de seguridad privada pueden detener, vigilar eventos en la vía pública o vigilar el perímetro de los centros penitenciarios. Lo que debe hacer el Estado es acometer de una vez por todas el aumento de efectivos de las fuerzas de seguridad, en vez de sustituirlos por las empresas privadas”.

IU dijo que “las enmiendas que vienen del Senado no alteran sustancialmente el carácter privatizador de la ley. Ha quedado demostrado que la voluntad del Gobierno y del Partido Popular no era tanto la actualización de un texto que ya tiene más de veinte años, sino sobre todo abrir nuevos espacios de negocio a la seguridad privada… La vigilancia externa de centros penitenciarios, acontecimientos en espacios públicos, la vigilancia de recintos y espacios abiertos, o la participación en servicios encomendados a la seguridad pública, pasa a la esfera de lo privado algo que debe pertenecer exclusivamente al ámbito público”.

Y que “el Gobierno no ha podido esperar a la tramitación final de esta ley, a su entrada en vigor para poner en marcha el contrato de vigilancia privada del perímetro de las instituciones penitenciarias. Al erario público le va a costar casi 7,5 millones de euros esa vigilancia innecesaria porque está encomendada todavía hoy a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; sin embargo, el Gobierno ha tenido muchísima prisa en sacar ese contrato. Intereses espurios desde luego existen y nos duele que al final el dinero público se acabe gastando para beneficiar a determinadas empresas privadas que tienen relaciones privilegiadas, presuntamente, con miembros del Partido Popular”.

CIU afirmó que “estamos satisfechos con la modificación que se ha realizado en el ámbito competencial. Esas enmiendas correctivas del ámbito competencial son positivas porque no hacen otra cosa que respetar el bloque de la constitucionalidad”.

PSOE dijo que “el que quiera seguridad que se la pague, este principio es lo que hoy propone esta Cámara, no todos los españoles van a tener a partir de ahora el mismo nivel de seguridad, ya que este proyecto degrada su concepción como derecho para convertirlo en buena medida en una oportunidad más de negocio… Incluso en vías o espacios públicos vigilantes de seguridad privada podrán detenernos o pararnos, si quieren decirlo así, identificarnos y cachearnos… Posibilita obligar a los organizadores de eventos a contratar seguridad privada, desde una concentración cicloturista a una manifestación antigubernamental, pasando por los partidos de fútbol modesto o los maratones populares”.

Y que “la patronal de la seguridad privada está hoy de enhorabuena, contarán con nuevos nichos de negocio: los recintos exteriores de las prisiones y de los CIE, la participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, incluida la disolución de manifestaciones, las vías y los espacios de uso común de las urbanizaciones y polígonos industriales que se la puedan pagar, cualquier calle o espacio público… Instauran definitivamente el principio tan querido para el Partido Popular, de que el que quiera seguridad que se la pague, expresión de su delegado, Ansuátegui, en Madrid; lo dijo y demostró ser hombre de creencias firmes, porque acabó de gerente de la Fundación Eulen, una de las grandes de la seguridad española”.

PP expuso que “más y mejor seguridad para todos los españoles, esa sería la síntesis del proyecto que ahora traemos en su trámite final al Congreso… Son más de 1.400 empresas de seguridad privada que desarrollan su actividad en nuestro país, y son más de 80.000 empleos los que queremos que se aprovechen en beneficio de la seguridad de todos… Si les vamos a pedir a los agentes privados que trabajen para nosotros es lógico y coherente que también les demos una mayor protección jurídica mediante la incorporación de agente y de autoridad a nivel penal”.

AUGC opina que con esta Ley de Seguridad Privada ya aprobada se pretende privatizar una gran parte de la seguridad pública, como de hecho ya se está haciendo en los centros penitenciarios. Se está contraviniendo el espíritu de la Constitución Española, de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Ley de Seguridad Ciudadana, todas las cuales otorgan al Estado la competencia exclusiva sobre la Seguridad Pública, ejerciéndola únicamente a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que deben ser las garantes del libre ejercicio de los derechos y libertades y de la seguridad ciudadana. 

Por todo ello AUGC ha mantenido durante los últimos meses una ingente actividad, denunciándolo públicamente, reuniéndose con los grupos parlamentarios y emitiendo informes técnicos exhaustivos, pero la mayoría absoluta del PP y la connivencia interesada de CIU han sacado adelante una ley que viene a crear en la práctica una ‘policía privada’, incrementando innecesariamente el gasto público y convirtiendo una materia tan relevante como la Seguridad Pública y Ciudadana en un espacio de negocio privado. Sólo queda esperar que en un futuro no muy lejano, antes de que la situación sea irreversible, esta ley que ahora se aprueba pueda ser modificada para que la seguridad pública recupere el lugar que nunca debió perder.