Como ya venía avisando AUGC desde hace más de un año, el pasado viernes, 30 de mayo de 2014, el Consejo de Ministros ha acordado con carácter definitivo la contratación de empresas privadas para la seguridad de los centros penitenciarios (se adjunta resumen de dicho acuerdo).
En mayo de 2013 se inició la fase piloto o experimental, la cual debería haber finalizado hace unos meses, según informó la Dirección General de la Guardia Civil en una reunión mantenida con representantes de AUGC. Pero no ha sido hasta ahora, una vez celebradas las Elecciones al Parlamento Europeo, cuando el Gobierno ha hecho público lo que ya tenía decidido desde hace mucho tiempo.
Durante este último año han sido 21 los centros penitenciarios en los que se ha implantado la seguridad privada, pero a partir de ahora dicha medida se amplía a los 67 establecimientos penitenciarios existentes, pasando de 254 a más de 800 vigilantes privados. Y si en el periodo experimental se pagaron a las empresas de seguridad privada más de 7 millones de euros, ahora el coste de la segunda fase supondrá más de 33 millones de euros para las arcas públicas.
Por lo tanto, a pesar de las continuas negativas y desmentidos del Partido Popular incluso en sede parlamentaria, se van cumpliendo todos los pronósticos realizados por AUGC tras su reunión con la Dirección General de la Guardia Civil. Y la siguiente fase del proceso privatizador sería, dentro de un año y medio aproximadamente (muy probablemente tras las Elecciones Generales), la ampliación del número de vigilantes privados en todos los centros penitenciarios.
Ello supondría que las plantillas de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía existentes en dichos establecimientos se dedicaran exclusivamente a las conducciones y traslados de presos, lo cual lógicamente conllevaría la reducción de efectivos en algunos centros penitenciarios y el cambio forzoso de destino para los afectados.
AUGC ha mostrado en todo momento su rechazo frontal a la privatización de los servicios de seguridad en los centros penitenciarios y en cualquier otro ámbito competencial de las FCSE, y ha mantenido durante los últimos meses una ingente actividad, denunciándolo públicamente, reuniéndose con los grupos parlamentarios, emitiendo informes técnicos exhaustivos y consiguiendo que se introdujeran varias
enmiendas a la nueva Ley de Seguridad Privada, pero la mayoría absoluta del PP y la connivencia interesada de CIU han sacado adelante una ley que viene a crear en la práctica una ‘policía privada’, incrementando innecesariamente el gasto público y convirtiendo una materia tan relevante como la Seguridad Pública y Ciudadana en un espacio de negocio privado. Debe tenerse en cuenta que de los más de 40 millones de euros invertidos en esta medida hasta ahora sólo una pequeña parte irá destinada a las exiguas retribuciones de los vigilantes de seguridad privada.