El domingo 11 de mayo, el operativo desplegado en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) con motivo de la llegada del crucero MV Hondius, que transportaba pasajeros con un brote de hantavirus, se saldó con una tragedia que no debería haberse producido: la muerte en acto de servicio del guardia civil de 63 años, por un infarto. Lo que debía ser un dispositivo sanitario de primer nivel terminó poniendo de manifiesto, una vez más, la gestión irresponsable de los recursos humanos que la institución practica cuando le conviene ocultar sus propias carencias.

Nos han informado de las siguientes circunstancias. Berto inició su jornada a las 6:00 de la mañana conduciendo desde Santa Cruz de Tenerife hasta el puerto de Granadilla de Abona. Catorce horas después seguía en el dispositivo, trasladando materiales y realizando funciones que, presuntamente, no le correspondían en virtud de su situación administrativa. Sobre las 21:40 horas sufrió el infarto que acabó con su vida.

Un hombre en reserva, en un servicio operativo de especiales características

El guardia civil ocupaba una vacante en la Plana Mayor de la Comandancia de Tenerife, en situación de reserva y fuera de especialidad. Esta circunstancia no es un detalle menor. Es el núcleo del problema.

La Instrucción de la Directora General de la Guardia Civil, Mercedes González, firmada el 26 de enero de 2026 y que regula los cometidos del personal en situación de reserva, es meridianamente clara. El personal en reserva fuera de especialidad tiene asignadas funciones tasadas y concretas: labores de formación, Plana Mayor, gestión administrativa, representación institucional, asesoramiento al mando y seguridad estática en el interior de instalaciones. La norma es explícita al señalar que debe evitarse

 "la exposición a riesgos contra su integridad física, ya sea por exposición directa a situaciones que puedan derivar en conflicto o por la realización de tareas que requieran un esfuerzo físico intenso."

Integrar a este agente en el puesto avanzado del operativo del Hondius, exponiéndole al contacto con materiales potencialmente contaminados y a una jornada extenuante de más de catorce horas, supone una presunta vulneración directa de esa instrucción. AUGC exige que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales abra de inmediato una investigación para esclarecer si la asignación de Berto Ruano a ese dispositivo fue legal, y si existió responsabilidad en la cadena de mando.

En función de las conclusiones de esa investigación, AUGC no descarta acudir a la Fiscalía para depurar todas las responsabilidades que pudieran derivarse.

Una llegada conocida, una planificación inexistente

Lo que más indigna a AUGC no es solo lo que le ocurrió. Es que era perfectamente evitable.

La llegada del MV Hondius a las costas de Tenerife no fue una emergencia imprevisible. Se conocía con suficiente antelación para haber articulado un dispositivo planificado, ordenado y respetuoso con la normativa laboral. Sin embargo la USECIC de Tenerife vio limitados sus descansos, fueron empleados sin guardias de localización y sometidos a jornadas interminables, sin que nadie en la cadena de mando asumiera la responsabilidad que le correspondía. En otro ejemplo más de esta mala planificación que denuncia AUGC se encuentra que a día de hoy la USECIC de las Palmas sigue sin recibir la dietas por el alojamiento y manutención, que tuvieron que ser adelantadas por los propios guardias civiles desplazados.

Esta institución tiene el hábito de improvisar cuando debe planificar, y de exigir a sus guardias civiles que asuman las consecuencias de esa improvisación. Lo ocurrido en el Hondius es la expresión más cruel de ese patrón: cuando la gestión falla, la factura la pagan los agentes. Cuando los agentes mueren, la institución guarda silencio.

Un silencio que tiene nombre: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ese mismo día rindió homenaje en su discurso en la Academia de Baeza a dos guardias civiles fallecidos en otra operación, no tuvo una sola palabra para el guardia civil fallecido también en acto de servicio.

La edad es un factor de riesgo laboral. La Guardia Civil lleva años negándolo.

AUGC lleva años reclamando sin éxito que la Guardia Civil reconozca la edad como un factor de riesgo laboral. Porque lo es. Porque la ciencia lo avala. Porque la legislación de prevención de riesgos laborales lo contempla como elemento que debe ser evaluado e integrado en la planificación de los servicios. Porque un agente de 63 años no puede ser tratado como si tuviera treinta.

La muerte de Berto Ruano no es un accidente. Es la consecuencia previsible de un modelo que ignora sistemáticamente las condiciones reales de sus agentes, que acumula décadas de resistencia a adaptar las cargas de servicio a la edad y al estado físico de cada persona, y que esconde su incapacidad de gestión detrás de la entrega incondicional de los guardias civiles.

Esa entrega tiene un límite. Y ese límite no lo puede fijar la institución sola, a su conveniencia y en su propio beneficio.

Escucha a nuestro Secretario Federal de Canarias en la SER

El Secretario Federal de AUGC en Canarias, Juan Couce, analizó esta situación en el espacio Hoy por hoy Canarias, de la Cadena SER. En su intervención, Couce detalló las circunstancias que rodearon la muerte de Berto Ruano, la presunta ilegalidad de su participación en el operativo y las demandas de AUGC en materia de prevención de riesgos laborales.

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AUGC exige respuestas

AUGC exige a la Dirección General de la Guardia Civil:

Primero. Que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales investigue de forma inmediata y transparente las circunstancias de la muerte de Berto Ruano, incluyendo si sus cometidos en el dispositivo del Hondius se ajustaban a lo establecido en la Instrucción de enero de 2026.

Segundo. Que se depuren las responsabilidades en la cadena de mando que autorizó la participación de un agente en reserva y fuera de especialidad en tareas presuntamente no amparadas por la normativa vigente.

Tercero. Que la Guardia Civil incorpore de forma inmediata la edad como factor de riesgo laboral en la evaluación y planificación de los servicios, tal y como AUGC lleva exigiendo desde hace años.

Cuarto. Que nunca más se utilice la entrega de los guardias civiles como excusa para tapar la ineficacia de una gestión que no está a la altura de quienes sirven a este país.

Nuestro compañero dedicó su vida a la Guardia Civil. Murió por ella. Lo que su familia merece es la verdad.