“Es una persecución sistemática”. Así se ha referido el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Alberto Moya, a la oleada de sanciones disciplinarias a la que están siendo sometidos los afiliados de la organización. “Estamos asistiendo a continuos recortes en los derechos fundamentales de los agentes. No se les permite expresar sus problemas laborales ni solidarizarse con los ciudadanos que más sufren. Determinados responsables del cuerpo están imponiendo la ley mordaza, emplazando a tiempos preconstitucionales”, ha afirmado. Desde 2012, 36 representantes de AUGC han sido expedientados en España. Uno de los puntos álgidos es Badajoz, provincia en la que se han impuesto 10 sanciones graves solo en el último año. Hasta allí se ha desplazado Moya, donde a las diez de esta mañana ha ofrecido una rueda de prensa para denunciar la “grave” situación y la represión que están padeciendo.
Serviliano Valencia, secretario de organización de AUGC Badajoz, ha sido expedientado por una falta grave y dos leves. La primera de ellas, en 2012, por acudir a una concentración frente a la Comandancia de la Guardia Civil para reclamar la equiparación de las condiciones laborales a las del resto de cuerpos policiales. Fue sancionado junto a otros seis compañeros. Todos eran o habían sido representantes de AUGC. Los otros dos expedientes de Valencia han sido abiertos por faltas leves, ambas relacionadas con una reivindicación de cumplimiento de sus derechos sociolaborales. Él es solo uno de los afiliados que han sido sometidos a instrucciones disciplinarias de este tipo. “¿Qué ha podido ocurrir para que funcionarios con una hoja de servicio intachable de pronto se conviertan en personas tan susceptibles de reproches?”, se ha preguntado Moya.
El problema para Valencia, destinado en el Núcleo de Servicios de la Comandancia de Badajoz, no son solo las suspensiones de empleo y sueldo: diez días por la falta grave, un día por la primera de las faltas leves y otros dos por la segunda. El mayor riesgo al que se enfrenta es que, si persevera en sus peticiones, la siguiente falta será considerada grave, en base al régimen disciplinario de la Guardia Civil, que valora negativamente la reincidencia. Así, se atiene a la pérdida de destino. No solo él, sino también su mujer y sus dos hijas, se enfrentan al destierro de su provincia y de su modo de vida. “Se les imponen sanciones injustas y desproporcionadas por ejercer el derecho de asociación profesional y no se atienden sus reivindicaciones. Cuando reclaman, se les expedienta para que no continúen defendiendo su dignidad como ciudadanos y como servidores públicos. Se trata de un ataque a la libertad de expresión y sus derechos fundamentales”, ha criticado el secretario general.
El año pasado, Valencia reclamó una evaluación de su puesto de trabajo a raíz de unas dolencias físicas, posiblemente por la utilización de un mobiliario inadecuado en las instalaciones de la Guardia Civil. A pesar de que empleó la vía de notificación de accidentes editada por la propia Dirección General, fue sancionado con una falta leve por no haber comunicado esta petición a su superior. La siguiente instrucción disciplinaria (también de carácter leve) le fue abierta, precisamente, por haber intentado informar de que solicitaba el reconocimiento médico que le correspondía. A la una de la madrugada, efectuó una llamada telefónica que no obtuvo respuesta. Aun así, fue sancionado por falta de respeto.
AUGC, la asociación mayoritaria y más beligerante en reclamación de derechos, ha reclamado, tanto por la vía administrativa como por la judicial. Si se estiman los recursos, la organización exigirá responsabilidades a toda la cadena de mando (el inmediato superior, el jefe de la Comandancia y el general de la zona) y no descarta emprender acciones legales. Moya ha lamentado que, a pesar de haber notificado estas “circunstancias tan lamentables” a la Dirección General de la Guardia Civil, este tipo de “situaciones inapropiadas en un Estado de Derecho” sigan produciéndose.
El secretario general ha destacado que este ataque a los derechos de los Guardias Civiles ha de unirse al que supone “la remilitarización que está impulsando el Gobierno del Partido Popular a través de la reforma del régimen disciplinario”, así como la aplicación del Código Penal Militar de las Fuerzas Armadas, que permite la restricción de la libertad de los agentes “por meras faltas laborales”. Moya también se ha referido a la orden ministerial que prohíbe la utilización del uniforme de la Guardia Civil a los ciudadanos y a los agentes que hayan finalizado su jornada laboral. “Es el último despropósito. Su intención es restringir nuevamente nuestros derechos, ya que hemos expresado nuestras reivindicaciones a través de concentraciones públicas y ruedas de prensa de uniforme”, ha declarado.
