El Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Unificada de la Guardia Civil y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC­CCOO), firmamos y publicamos las conclusiones sobre la Seguridad Pública en un Estado Social, derivadas de las jornadas que sobre la Seguridad Publica en un Estado Social, hemos llevado a cabo las organizaciones reseñadas y exponemos que: ante las modificaciones normativas llevadas a cabo en materia de seguridad, por el Gobierno de la Nación, que las tres organizaciones rechazamos de forma contundente pues se entiende que no responden a una demanda de interés general para los cuerpos de seguridad, ni satisfacen necesidades de la ciudadanía en materia de seguridad.  
Es nuestra obligación velar por los derechos y deberes de los policías, en general y especialmente de nuestra afiliación, así como garantizar los derechos y libertades  de la ciudadanía de este país. Por ello, queremos manifestar que en España existe un modelo público de seguridad que está funcionando con un alto nivel de eficiencia y profesionalidad, siendo por ello, pese a la gravedad de la crisis social que nos afecta, que la percepción ciudadana sobre seguridad no genera un alto  nivel de preocupación, ya que la sociedad no considera a delincuencia como uno de los problemas más prioritarios en sus vidas y convivencia.  
El Gobierno plantea dos reformas de gran calado en el ámbito de la seguridad, la reforma de la Ley de seguridad privada ya en vigor, y la Ley de Seguridad Ciudadana, aún en trámite.   
Estas normativas, proyectan la prestación de nuevos servicios no demandados por la sociedad actual, con el único objetivo de privatizar una gran parte de la seguridad  pública, llegando hasta el punto de convertir la seguridad privada en una especie de ‘Policía  Privada’, que unido a la privatización de otros servicios básicos, sólo podrá quedar al alcance de quienes tengan  un alto nivel adquisitivo.
Somos conscientes de que la ciudadanía da mucha importancia a la sanidad y a la educación, y le preocupa su privatización, pero no tienen la misma conciencia reivindicativa respecto de la seguridad; y debe formar parte de nuestro compromiso conseguir sensibilizar a la opinión pública de la importancia de sentirse y estar eficazmente protegido y seguro, sin que ello suponga un coste económico en el patrimonio particular. La seguridad pública es un derecho que el estado debe garantizar, y que unido a otros derechos básicos, como  la educación o la sanidad públicas, es un pilar más para  garantizar el estado de bienestar. 
Es  evidente,  que  los  cambios    de  estas  leyes,  sólo  van  dirigidos  a  favorecer  la   proliferación  de  negocios  de  carácter  privado,  respaldado  por  leyes  que    permiten   traspasar  el  bien  tutelado  por  el  Estado,  a  manos  privadas,  satisfaciendo  así  las   exigencias   de   los   importantes   grupos   de   presión   empresarial   que   hacen   de   la   seguridad  privada  un  pingüe  beneficio,  basado  en  la  precariedad  de  los  colectivos   laborales  que  los  integran.  
Recientemente,  importantes  empresas  de  seguridad  privada  han  anunciado  que  se  descuelgan  del  convenio  sectorial,  limitando  derechos  salariales  y  laborales   de   las   personas   que   prestan   sus   servicios   profesionales   en   ese   ámbito,   manifestación   clara   de   que   el   intento   de   reforma   no   responde   a   intereses   colectivos  y  demandas  ciudadanas,  debilitando  el  concepto  de  seguridad  pública   dentro  del  marco  de  actuaciones  laborales  democráticas.  
Por   otro   lado,   la   reforma   de   la   Ley   de   seguridad   ciudadana,   supone   un   recorte   de   las   libertades   sin   precedentes   en   nuestra   reciente   Historia.   Si  consideramos   que   la   seguridad   ciudadana   es   una   acción,   que   tutelada   por   el   Estado,  está  destinada  a  asegurar  la  convivencia  pacífica  y  evitar  la  comisión  de   delitos  y  faltas  contra  las  personas  y  sus  bienes,  resulta  controvertido  introducir   novedades   que,   lejos   de   aminorar   la   tensión   social,   se   interpreten   como   un   estímulo  más  de  esa  conflictividad. 
 Hoy  con  el  endurecimiento  previsto  en  la  citada  Ley,  de  concluirse  la  hoja  de   ruta  prevista  por  el  Gobierno,  se  crearía  un  escenario  idóneo  para  una  permanente  confrontación   entre   ciudadanía   y   cuerpos   policiales,   que   como   organizaciones   democráticas   rechazamos.   En   nuestra   opinión     estamos   ante   otra   reforma   innecesaria.  
Consideramos  que    las  garantías  jurídicas  con  las  que  se  pueda    dotar  a  los   agentes  de  la  autoridad    no  deben  invalidar    los  derechos    de  los  ciudadanos  y   ciudadanas  que  conforman  el  tejido  social,  porque  como  parte  de  esa  sociedad,  los   policías  también  seremos  víctimas  de  cualquier  exceso  o  abuso  legal. 
 Por  todo  ello,  firmamos  y  publicamos  las  conclusiones  del  encuentro  entre   las  organizaciones  referenciadas,    en  defensa  de  los  trabajadores  de  la  seguridad   pública   y   de   los   ciudadanos,     con   el   objetivo   de   expresar   libremente   nuestra   opinión  y  defender  de  esta  forma  la  convivencia  social,  desde  el  compromiso  de   construir   una   alternativa   conjunta   sobre   seguridad   pública   que   refuerce   su   carácter  público.