El gobierno de ZP engaña a los Guardias Civiles
Tras las manifestación del día 20 de enero de 2007 en el que miles de guardias civiles salieron de uniforme para exigir una modernización en la estructura de la Guardia Civil, parece que el gobierno se daba por enterado, emprendiendo lo que parecía una gran reforma en el ámbito del Cuerpo y atendiendo así una de las principales reivindicaciones de los agentes para modernizar el Instituto, que consistía en la no aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles en el desempeño de sus funciones como policías.
Tras la entrada en vigor de la Ley de Derechos y Deberes de los guardias civiles y el nuevo régimen disciplinario, nada ha cambiado; una vez más el Gobierno de Zapatero ha engañado no sólo a los guardias civiles, sino también a la sociedad.
Las hemerotecas, y el propio diario de sesiones del parlamento dan cuenta más que suficiente del engaño que nuevamente hemos sufrido sobre los trabajadores de la Guardia Civil. Una prueba de ello es que a día de hoy son varios los guardias civiles que se encuentran soportando un proceso penal militar y una acusación que puede suponerles la entrada en un Penal Militar por unos hechos que para cualquier otro ciudadano no van más allá de una mera infracción profesional.
Esta situación no es más que el resultado del lobby de presión militar –Que tienen largos tentáculos- que de ninguna manera quiere dejar pasar de estar posicionado dentro de la seguridad del Estado para contralarla, de manera que los cambios legislativos se han realizado para que nada cambie, demostrando una vez más la debilidad del Gobierno frente a este Lobby.
No olvidamos tampoco la perpetuación de una Jurisdicción Militar, con dependencia de Ministerio de defensa, que supone una mezcla entre Poder Judicial y Poder Ejecutivo y cuyo debate, a pesar de ser una clara vulneración a nuestra estructura de Estado de Derecho (separación de poderes), nunca se ha abordado de una manera clara. Y que ha quedado fuera del plan de modernización de la Justicia. Tampoco dejamos de lado el asunto referido a la Asesoría Jurídica de la Guardia Civil pues se nutre de miembros del Cuerpo Jurídico Militar, perteneciente y formado en el seno de las Fuerzas Armadas, cuando todos sabemos que existe un clara diferenciación constitucional entre Ejércitos y Guardia Civil.
El asesoramiento jurídico al Director General de la Policía y la Guardia Civil debe ser único y no depender de las Fuerzas Armadas. Más muestras de intento de control, presión y debilidad AUGC ya no va a esperar más pues, abriendo la mano a las organizaciones asociativas profesionales y a los agentes sociales y sindicales que se quieran sumar, realizará cuantas acciones sean necesarias para que el escenario actual cambie de tal forma que ningún miembro de la Guardia Civil tenga que soportar una acusación de entrada en prisión por unos hechos de ámbito exclusivamente profesional y se produzca una reforma estructural clara, moderna y actual.
AUGC iniciará las acciones oportunas para la defensa del pacto alcanzado en sede parlamentaria, inequívoco, que se sustentó en la exclusiva aplicación del Código Penal Militar en los supuestos de estado de guerra y sitio, en la realización de misiones militares y cuanto estén incorporados en unidades de las Fuerzas Armadas.-
