La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) traslada el malestar existente en torno a las condiciones de alojamiento de los guardias civiles que participan en comisiones de servicio en el exterior, y en particular en el destacamento desplegado en Saint-Louis (Senegal), donde se viene reclamando la fijación de criterios objetivos, previamente conocidos y homogéneos.
La asociación fue la única en interesarse públicamente por lo ocurrido el pasado 30 de julio, cuando dos vehículos utilizados por el destacamento resultaron incendiados. A raíz de aquel interés, AUGC ha recibido posteriormente el testimonio de guardias civiles con experiencia acumulada en ese despliegue a lo largo de los últimos años, ajenos al personal que en este momento se encuentra allí comisionado, que han querido aportar una visión de conjunto sobre el funcionamiento del destacamento.
Un incidente esclarecido que no debe distorsionar la realidad
Según la información difundida por medios senegaleses, el presunto autor del incendio fue localizado y detenido por la Brigada de Investigación de Saint-Louis, y se trataría de un antiguo trabajador vinculado a la vigilancia del alojamiento que habría actuado presuntamente como represalia tras la finalización de su relación laboral. Todo ello sin perjuicio de la presunción de inocencia que ampara al detenido hasta que exista pronunciamiento judicial firme.
No se trató, por tanto, de un ataque contra España, ni contra la Guardia Civil como institución, ni de una reacción de la población de Saint-Louis frente a la misión que allí se desarrolla. AUGC considera necesario subrayarlo, porque una cosa es extraer lecciones del suceso y reforzar la protección de las personas y de los medios, y otra muy distinta convertir un episodio individual en la justificación de limitaciones estructurales sobre la vida cotidiana de quienes están comisionados.
Una vivienda agotada y un modelo a medio camino
De los testimonios recabados se desprende que el inmueble utilizado tradicionalmente por el destacamento acumularía un deterioro progresivo, deficiencias de mantenimiento y problemas de salubridad (presencia habitual de insectos, incluida la cocina), después de muchos años de ocupación continuada por sucesivos relevos.
Lo que AUGC considera más difícil de explicar es el modelo resultante: son los propios comisionados quienes buscan, gestionan y sufragan el alojamiento con las cantidades que perciben durante la comisión, pero disponen después de un margen muy reducido para decidir su ubicación o determinadas condiciones de su vida cotidiana dentro de él.
No se reclama alojarse por separado, ni un incremento del gasto público, ni privilegio alguno. Se plantea únicamente poder mejorar las condiciones de vida durante los meses que dura el despliegue, manteniendo al destacamento unido y sin alterar en absoluto el normal cumplimiento del servicio.
Seguridad sí, indefinición no
AUGC no discute que un destacamento desplegado en el extranjero requiera medidas de seguridad, ni la responsabilidad que corresponde a quien ejerce la jefatura del contingente. Lo que la asociación cuestiona es que esas facultades no se apoyen en parámetros objetivos y puedan depender en exceso de la interpretación personal de quien ocupe circunstancialmente ese puesto, porque las condiciones de vida de los comisionados no deberían variar sustancialmente con cada relevo en la jefatura.
En la misma línea, AUGC considera imprescindible distinguir entre las obligaciones de seguridad, que evidentemente deben cumplirse, y las decisiones ordinarias de convivencia dentro de una vivienda compartida por adultos, que corresponden fundamentalmente a quienes residen y pagan en ella. Un alojamiento no debería convertirse, sin más, en una prolongación permanente del acuartelamiento.
Lo que AUGC considera necesario
Que se fijen y publiquen las condiciones mínimas de habitabilidad exigibles a los alojamientos utilizados en comisiones en el exterior.
Que el guardia civil conozca, antes de aceptar voluntariamente la comisión, las eventuales limitaciones de zona, inmueble o régimen de convivencia que vayan a afectarle.
Que los requisitos de seguridad se formulen mediante criterios objetivos y verificables, valorando todas las alternativas reales de movilidad y extracción, y no como un marco rígido al que deba amoldarse obligatoriamente cualquier vivienda.
Que se tenga en consideración la experiencia acumulada del personal sobre el terreno, que es quien conoce la ciudad y quien soportaría directamente las consecuencias de una mala decisión.
Que, si las necesidades del servicio exigen determinar de forma tan intensa dónde y cómo debe residir el personal, sea la propia Administración quien seleccione, contrate y ponga a disposición el alojamiento, como ya ocurre en otros despliegues africanos.
Que se garantice una protección adecuada de los vehículos y medios oficiales, cuya custodia de facto han venido asumiendo voluntariamente los propios componentes.
Un escrito y asesoramiento a disposición de los afectados
AUGC ha elaborado un modelo de instancia dirigida a la Directora General de la Guardia Civil que pone a disposición de todos los guardias civiles afectados, tanto de quienes se encuentran actualmente desplegados como de quienes han participado en anteriores comisiones, para que sea cada uno de ellos quien decida, si así lo estima oportuno, trasladar por conducto reglamentario las deficiencias detectadas y solicitar las correspondientes soluciones.
Junto al modelo, la asociación ofrece el asesoramiento de sus servicios jurídicos a quien lo solicite, tanto para adaptar el escrito a su situación concreta como para el seguimiento posterior de la respuesta que reciba.
AUGC considera que estas cuestiones deben quedar documentadas por escrito y resolverse mediante el procedimiento establecido, con constancia y respuesta formal, y no depender de gestiones verbales cuyo resultado varía con cada relevo en la jefatura del contingente.
La asociación recuerda, por último, que una discrepancia razonable sobre condiciones de alojamiento no es indisciplina, y que resultaría difícilmente comprensible que un asunto de naturaleza doméstica derivase en consecuencias sobre la continuidad de la comisión cuando no existe detrás ningún problema profesional o de servicio.
Unas reglas claras protegen a todos: al componente, frente a decisiones imprevisibles; y al propio mando, que podría apoyar su actuación en parámetros conocidos en lugar de en valoraciones personales.
